El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido hoy que el decreto de alarma ha sido una «medida proporcionada» ante la gravedad de los efectos de la protesta de los controladores, que ha definido como «una afrenta al orden público constitucional».
En su comparecencia en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para explicar las medidas adoptadas ante el paro masivo de los controladores que comenzó el pasado viernes, Zapatero ha afirmado que el Ejecutivo «agotó todas sus posibilidades de actuación» antes de poner en marcha el decreto de alarma, por primera vez en democracia.
«La situación generada, por la intensidad y extensión de sus efectos, y por el modo en que se desencadena -en abierta rebeldía con el estado de derecho, con sus normas e instituciones- originando una considerable y creciente alarma social, suponía una afrenta al orden público constitucional y como tal había que abordarla», ha dicho.
El abandono «súbito, masivo y simultáneo» de los controladores, ha recalcado, había paralizado un servicio público esencial, con «graves perjuicios para la economía del país y su imagen internacional».
Ante esta situación, «la respuesta clara y contundente» del Gobierno «ha sido ponderada y valorada por los medios internacionales, neutralizando o aminorando al menos el impacto negativo causado por el caos aéreo provocado por el abandono de controladores», ha asegurado.
Zapatero se ha mostrado tan seguro de su actuación que ha garantizado que el Gobierno «no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad, todos los instrumentos del estado de derecho para poner fin a situaciones» como la vivida y evitar que los controladores puedan tomar de nuevo a los ciudadanos como «rehenes» de sus reivindicaciones.
No obstante, no ha desvelado si tiene intención de pedir una prórroga del estado de alarma, aprobado el pasado sábado con una duración de quince días.
Ha reconocido que la normalización del servicio «no ha puesto fin a las consecuencias derivadas de los hechos» y ha asumido la doble obligación de «impulsar la depuración de responsabilidades» y «facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados», sin descartar posibles sanciones penales.
El Gobierno, ha continuado, «se ha esforzado en que la declaración del estado de alarma se ciñera en su ámbito de aplicación a lo estrictamente necesario», tanto mediante la limitación a las torres y centros de control aéreo, como mediante la «expresa salvaguarda» de los derechos de los trabajadores afectados por la movilización.
Zapatero ha relatado la sucesión de acontecimientos que derivaron en el caos aéreo y ha defendido la finalidad preventiva del decreto con el que el viernes el Consejo de Ministros delimitó la jornada de los controladores y fijó nuevas exigencias, incluida la revisión médica previa a la baja y la posibilidad de ser militarizados.
Se aprobó, ha dicho, ante el riesgo de que el absentismo registrado en Santiago de Compostela y en Canarias se generalizara en el puente que empezaba ese día o en Navidades.
Ha relatado cómo el Gobierno trató de convencer a los representantes de los controladores para que depusieran su actitud pero miembros del sindicato USCA «exigieron la firma de un convenio colectivo» inasumible.
Tras explicar que en esta crisis se han movilizado 190 militares y 2.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha anunciado que el ministro de Fomento, José Blanco, comparecerá en el Congreso el próximo 14 de diciembre.
El Gobierno continuará trabajando para actualizar las normas que regulan a los controladores y buscar un punto de equilibrio «razonable» entre sus «muy favorables» condiciones de trabajo y las obligaciones que se les exigen, ha concluido.