El ministro de Fomento, José Blanco, ha pedido al Congreso que respalde las decisiones que haya que tomar a partir de este momento para que la «vuelta a la normalidad sea permanente» y puedan solucionarse los problemas de fondo del sistema de navegación aérea, pocas horas antes del Consejo de Ministros extraordinario para discutir la posibilidad de acordar una prórroga al estado de alarmas.
«Hay un antes y un después del 3 de diciembre, y en el después no se contempla la posibilidad de que nadie vuelva a confundirse a este respecto», indicó, advirtiendo que es importante que los controladores entiendan esto «para evitar cualquier clase de tentaciones o recaídas» en el «sabotaje» de un «servicio público esencial», que es un «delito» no un «derecho».
Durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento de la Cámara Baja, el ministro defendió que las medidas tomadas por el Gobierno a lo largo de este conflicto con los controladores han sido «legales, adecuadas, necesarias y eficaces», y recalcó que «el status laboral de los controladores es inaceptable».
Los responsables
Blanco señaló que los controladores son «los únicos responsables del cierre del espacio aéreo» y subrayó que su negativa a trabajar fue «coordinada y deliberada», dado que eran «plenamente conscientes» de las consecuencias que acarrearía su postura para la navegación en los aeropuertos españoles.
El ministro dijo que la acción llevada a cabo por un «grupo numeroso de controladores» entre el 3 y el 4 de diciembre no debe considerarse en ningún caso como una huelga, sin como un «chantaje en toda regla», por el que se exigirán responsabilidades en el ámbito de la responsabilidad judicial, administrativa (con sanciones de hasta 225.000 euros) y laboral, con la retirada de la licencia.