El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso ayer un «gran acuerdo» para «revisar» la estructura de las administraciones públicas y hacerla «más ligera y menos costosa» y, además, se ha comprometido a aplicar el principio «un político, un sueldo».
Rubalcaba recogió así el guante del líder del PP, Mariano Rajoy, y le retó a adelgazar toda la administración, incluido el número de parlamentarios y concejales, pero siempre y cuando no se merme la representatividad ni se fomente el bipartidismo. Rubalcaba no tuvo «ningún empacho» en asumir la idea que Rajoy planteó el jueves en Málaga y ofreció que, después de las elecciones del 20 de noviembre, haya un gran acuerdo nacional para revisar la estructura política del país, de manera que se pueda reducir y adelgazar al Congreso, al Senado, a las comunidades, a los parlamentos autonómicos, a los ayuntamientos y a las diputaciones.
Planteó también que cada cargo público no pueda cobrar más de un salario de la administración: «Un político, un sueldo». Compromisos que Rubalcaba ha formulado en un acto con cabezas de lista de su partido para el 20-N.
Pacto nacional
Sobre su ofrecimiento para revisar la estructura política, apostó por un gran pacto nacional tras el 20-N para estudiar la forma de aligerar la estructura política, ahorrar gastos y hacer que la administración sea más eficiente. Quiso dejar claro, sin embargo, que hay muchos concejales que no cobran, antes de apuntar que no va a permitir que «vuelvan los caciques a los pueblos».
«Nosotros sí estamos por ahorrar, por gastar con eficiencia y rigor», subrayó Rubalcaba, y alertó de que, no obstante, hay unas «líneas rojas» que no van a traspasar: la del gasto productivo, el que crea empleo, y los servicios públicos básicos.
Con este argumento, ratificó su compromiso en la defensa de las prestaciones por desempleo, de la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones. Y es que, según su análisis, «no es lo mismo quitar duplicidades administrativas que zarandear la escuela pública».
En Francia, la ley limita el poder de los políticas de autofijarse la remuneración. Ningún político puede recibir remuneraciones públicas superiores a las del Presidente de la República, incluso si áquel ocupa varias funciones. Existe un baremo de remuneraciones para alcaldes y concejales, según la población del municipio. No se pueden pegar carteles electorales, salvo en unos pocos paneles públicos, previstos para estos efectos. No es un dispositivo perfecto pero ya sería un buen comienzo.