El Tribunal Supremo ha dictaminado que son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar los fondos recaudados en la casilla opcional para fines sociales de la declaración de la renta, según una sentencia que hoy ha difundido el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat.
Hasta ahora es el Estado el que recauda tanto el dinero que se destina a la Iglesia como a los fines sociales, y es él mismo el que hace la convocatoria y el reparto a las entidades sociales de cada comunidad.
El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha expresado su satisfacción por el fallo, que da la razón al recurso de casación presentado por la Generalitat contra una sentencia desestimatoria anterior dictada en 2009 por la Audiencia Nacional.
La sentencia establece que la convocatoria la seguirá haciendo el Estado, «pero la gestión de las subvenciones, que quiere decir la tramitación, la resolución y el pago -ha explicado el conseller-, la tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat», en este caso.
Con esta sentencia, que da la razón a una reivindicación histórica de la Generalitat, el departamento de Bienestar Social y Familia calcula que le corresponderá gestionar unos 49 millones al año para fines sociales, cuando, según el Gobierno catalán, el año pasado el Estado destinó 20 millones de esta casilla a Cataluña.