El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley que incluye elevar de cinco a diez años la prescripción del delito fiscal y aumentar de dos a seis años las penas de cárcel impuestas a los defraudadores. Por su parte, el fraude a la Seguridad Social se castigará con seis años de prisión, frente a los cinco actuales.
El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros por ejercicio o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. La ley mantendrá la consideración de delito fiscal por cantidades por encima de los 120.000 euros.
Asimismo, ese tipo agravado de defraudación también se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.
Economía sumergida
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que estas modificaciones afectan a «los delitos fiscales, los fraudes masivos y a la Seguridad Social», con el objetivo de «luchar contra el fraude y la economía sumergida».
Para introducir estos cambios, el Gobierno modificará el Código Penal en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. El anteproyecto de ley también fija mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación. Entre ellas figuran rebajas de penas por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.
En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar.