El grupo BFA-Bankia ha pedido al Estado una ayuda pública de 19.000 millones de euros, que se sumará a los 4.465 ya inyectados, en lo que supone el rescate más caro de la historia financiera española.
La ayuda, según un comunicado de la entidad, forma parte del plan de saneamiento y recapitalización que ha aprobado hoy el consejo de administración de Bankia, y que le permitirá afrontar el futuro con una mayor solvencia.
Los 19.000 millones servirán para hacer frente a las provisiones inmobiliarias exigidas por el Gobierno, así como a las necesidades de capital detectadas por la auditoría hecha por Deloitte, la auditora que se negó a firmar las cuentas hasta que se corrigieran estos desequilibrios.
La cifra solicitada por BFA-Bankia sorprende por lo elevado de la cuantía, que excede con mucho a los 15.000 millones de euros que el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que aportaría para todo el sector en su conjunto.
Provisiones por valor de 25.000 millones
En realidad, el grupo reconoce unas necesidades de provisiones y de capital superiores a los 25.000 millones, aunque el impacto «neto» quedará en unos 19.000 millones.
La mayor parte corresponde a la cartera inmobiliaria, con unos 12.745 millones. A esta cifra se unen unos 5.500 millones de euros en saneamientos, a los que deberá hacer frente en el resto de la cartera crediticia si empeora la situación financiera.
Adicionalmente, el grupo BFA-Bankia necesita 6.700 millones de euros para hacer frente a las minusvalías en activos fiscales y en su cartera de participadas, que han quedado valoradas a precios de mercado.
De hecho, este era uno de los puntos de fricción con Deloite, pues la auditora se quejaba de la elevada valoración que BFA daba a su filial Bankia, y que en su opinión no se ajustaba a la realidad.
La matriz tenía valorada su participación en la filial en unos 12.000 millones de euros, cuando su valor a precios de mercado es de menos de 1.500 millones. Ahora esta situación queda corregida.
Saneamiento en dos fases
El saneamiento del grupo se hará en dos fases, aunque antes se deberá completar la nacionalización de Banco Financiero y Ahorro (BFA), la matriz de Bankia.
Para ello, se deben convertir en acciones los 4.465 millones de euros que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tenía en participaciones preferentes de BFA.
Esta conversión «se llevará a cabo a la mayor brevedad posible», según la nota difundida por Bankia.
Posteriormente, el Estado suscribirá una ampliación de capital de 19.000 millones de euros en BFA, lo que tendrá lugar a lo largo de junio. La ampliación será suscrita también a través del FROB.
Finalmente, BFA procederá a recapitalizar su filial, Bankia, con una inyección de unos 12.000 millones de euros.
Lo hará a través de una ampliación de capital en la que los actuales accionistas tendrán un derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes. Se espera que la ampliación de capital en Bankia se complete durante octubre.
Pérdidas de casi 3.000 millones
Bankia cerró el año pasado con unas pérdidas de 2.979 millones de euros, lejos de los 309 millones de beneficio que reconoció en febrero pasado, cuando la entidad no había sido aun nacionalizada ni las cuentas habían sido auditadas.
En un comunicado, la entidad informa de la reformulación de sus cuentas, así como de la renuncia masiva de dieciséis consejeros, procedentes de las cajas de ahorros que dieron lugar a Bankia.
Entre los que abandonan el consejo se encuentran el vicepresidente Francisco Pons Alcoy, que representaba a Bancaja, así como el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Arturo Fernández, que procedía de Caja Madrid, y los representantes de partidos políticos, como Jose Antonio Moral Santin, de Izquierda Unida, y el exministro Virgilio Zapatero, del PSOE.
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