La alcaldesa de Sant Antoni, Pepita Gutiérrez, y el concejal de Urbanismo, José Torres, anunciaron esta semana en rueda de prensa que pedirían ayuda jurídica al Consell para que fuera esta institución la que dirimiera si realmente la licencia de construcción que otorgaron al regidor de Deportes, Vicente Cabezas, era ilegal o no. Finalmente no está tan claro que vaya a ser así, y el Ayuntamiento está sopesando pedir un informe externo para verter luz sobre el asunto o aclararlo en el mismo seno del Consistorio sin contar con ayuda de nadie.
La polémica se originó después de que el secretario municipal hiciera un informe pidiendo la anulación de la licencia de construcción para la ampliación del bar Es Puig por considerar que era ilegal. Este permiso se otorgó en base a un informe positivo del aparejador. Pese a que el equipo de gobierno de Pepita Gutiérrez siempre ha defendido que la licencia estaba bien dada, también anunció que solicitaría un dictamen jurídico al Consell para aclarar esta discrepancia entre el secretario y el aparejador.
Sin embargo, el conseller de Territori del Consell, Mariano Juan, informó ayer de que el Ayuntamiento no les ha pedido asistencia judicial en este tema.
Más tarde, el concejal de Urbanismo de Sant Antoni, José Torres, reconoció que no se ha pedido este informe. «Veremos si lo pedimos o no lo pedimos. De momento no hay nada más», indicó el regidor, que no sabe si solicitarán ayuda al Consell, si lo harán a algún asesor jurídico externo o lo arreglarán en el mismo seno del Consistorio. «No hay ninguna decisión tomada aún», indicó.
Desde el departamento de Mobilitat del Consell aclararon que ellos informaron favorablemente la licencia de Cabezas sin entrar en la cuestión urbanística. La consellera de Mobilitat, Pepa Costa, indicó que es un permiso que informa el departamento de Carreteres del Govern. «El Consell recibió la solicitud, pidió informe al Govern y contestó conforme a aquel informe, teniendo en cuenta que ese informe favorable no exime de la obligación de obtener licencias y autorizaciones que la legislación vigente exige», señalaron fuentes de la máxima institución insular, que remarcaron que esta petición de informe favorable entró en el Consell el 12 de abril, se remitió a Obres Públiques del Govern y el 7 de junio se recibió el informe favobrable del Ejecutivo balear, que se remitió a Sant Antoni.
El presidente del Consell y del PP, Vicent Serra, no quiso entrar en el tema de la presunta licencia ilegal por considerar que es una cuestión «de gestión municipal».