El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al liquidador Ángel de Cabo y a otros seis implicados en el vaciamiento de Marsans, a los que ha impuesto fianzas históricas, que superan en conjunto los 112 millones de euros.
La mayor fianza fijada hasta el momento en España para salir de prisión, 50 millones de euros, ha sido para el empresario valenciano Ángel de Cabo, actual dueño de Nueva Rumasa y Marsans y supuesto cabecilla de la trama para ocultar bienes del grupo. Díaz Ferrán y la mano derecha de De Cabo, Iván Losada, tendrán que abonar 30 millones de euros cada uno si quieren evitar la cárcel, la misma cuantía que se fijó al empresario Javier de la Rosa, en 1999, por el caso Torras y que hasta ahora era la mayor fianza establecida en España.
El resto de los enviados a la cárcel (su cuñado Teodoro Garrido y los otros tres testaferros) tendrán que pagar 500.000 euros, mientras que la secretaria de De Cabo, Susana Mora, ha reducido su fianza a 3.000 euros -ya abonados- gracias a su «colaboración».
Libertad
Sólo uno de los detenidos el lunes ha salido en libertad: Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas relacionadas sobre todo con Hacienda.
Díaz Ferrán, Mora y Tormo han sido los únicos que han dado su versión de los hechos al juez, puesto que los seis detenidos restantes se han acogido a su derecho a no declarar.
La «trama» de De Cabo utilizó un «elevado número de sociedades», con las que estaba directa o indirectamente vinculado y a las que desviaba «muchos de los bienes, derechos y fondos titulizados por el grupo Marsans» para aparentar insolvencia.
En total, el juez imputa cinco delitos al expresidente de la CEOE: alzamiento de bienes, insolvencia punible, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales.