El acuerdo judicial pactado del «caso Pallerols» ha desatado una sucesión de demandas de dimisión del líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, quien en el año 2000 dijo que dimitiría si se demostraba que Unió se financiaba de forma irregular.
El acuerdo por el que UDC acepta devolver los 385.000 euros desviados de subvenciones públicas para la formación de parados -que evita la celebración del juicio y libra a los condenados de entrar en prisión-, ha provocado una reacción en cadena de los partidos políticos, que han pedido a Duran que asuma su responsabilidad.
Todos los partidos catalanes han reclamado la dimisión de Duran como máximo responsables del partido. ERC, que acaba de firmar un pacto de gobernabilidad con CiU, ha reclamado a Duran que sea «consecuente» con su palabra, que es el «principal patrimonio que tiene una persona», y dimita, y ha avisado de este tipo de acuerdos judiciales como el de dan una «imagen penosa».