El PP ha dicho hoy que las retribuciones a los cargos y personal del partido se han realizado «siempre conforme a la legalidad y cumpliendo las obligaciones tributarias», ha negado una «contabilidad oculta» y ha insistido en que ésta ha sido sometida a la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
El País publica hoy una supuesta contabilidad manuscrita de los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas que refleja pagos a la cúpula del partido desde 1990 a 2009, incluido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, e ingresos por donaciones de empresas.
Bajo el título «Los papeles secretos de Bárcenas», este diario recoge un capítulo de ingresos (donaciones de empresarios, la mayoría del sector de la construcción) y otro de gastos donde, junto a las entregas de dinero a los altos cargos del partido, figuran otras partidas destinadas al funcionamiento ordinario del PP.
Entre los receptores de ese dinero, según la contabilidad manuscrita de Bárcenas y Lapuerta y de acuerdo a la información de El País, figura desde 1997 Rajoy, así como la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sus antecesores en el cargo Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y Ángel Acebes, y los entonces vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja.
Todos ellos, así como los principales empresarios que aparecen en el capítulo de donaciones, han negado a El País haber cobrado o entregado las cantidades que figuran en los documentos, dice el diario.
En un comunicado y a la espera de la rueda de prensa que Cospedal ofrecerá a las 12.30 horas, el PP niega que exista una «contabilidad oculta» y recalca que «las retribuciones a los cargos y personal del partido se ha realizado siempre conforme a la legalidad y cumpliendo las obligaciones tributarias correspondientes».
Este partido asegura que «desconoce los apuntes manuscritos» que publica El País y añade que no pueden reconocerse «en ningún caso, como contabilidad» de esta formación política.
El PP niega por tanto «el pago sistemático a personas concretas de retribuciones distintas de las incluidas en las nóminas mensuales» y subraya que éstas contaron siempre «con sus correspondientes retenciones fiscales y a la Seguridad Social».
El Gobierno se remite por su parte a las explicaciones del PP y a la rueda de prensa de Cospedal, aunque subraya que los cobros en esta formación política siempre han sido legales y han contado con las correspondientes retenciones fiscales, han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.
Hasta ahora, sólo dos miembros del Gabinete de Rajoy han hablado de este asunto: el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que se ha remitido también a la rueda de prensa de Cospedal, y la titular de Empleo, Fátima Báñez.
«No tengan ustedes ninguna duda de que nuestra secretaria general y todos los órganos del partido, con la transparencia y la obligación que tenemos con todos los ciudadanos, facilitaremos absolutamente toda la información», ha apuntado Gallardón.
Báñez ha negado, en declaraciones a Onda Cero, que la contabilidad que publica El País sea la del PP, porque su partido es serio y responsable y tiene una contabilidad transparente y legal.
El presidente extremeño, José Antonio Monago, se ha mostrado asimismo convencido de que ni Rajoy ni Cospadal han cobrado «en dinero B» y ha alertado del mal que hacen a España estas informaciones en diarios de tirada nacional y alcance internacional.
Desde la oposición, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dicho que es «gravísimo» lo que publica El País sobre una supuesta contabilidad manuscrita de los tesoreros del PP con ingresos de empresas y pagos a sus dirigentes.
No obstante, Soraya Rodríguez ha abogado por esperar a las explicaciones que ofrezca Cospedal y a la declaración que efectuará en Canarias el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La cúpula del PSOE, con la vicesecretaria general a la cabeza, Elena Valenciano, se ha reunido en la sede socialista de la calle Ferraz para estudiar la «gravedad» de las informaciones, en un encuentro al que asisten el secretario de Organización, Óscar López, y la propia Soraya Rodríguez.
Desde las filas socialistas, el secretario general del partido en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que de los políticos «se tiene que saber todo, salvo los temas de salud y de alcoba» y ha «pedido respuestas excepcionales para una situación que considera excepcional».
El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha asegurado que la «omertá» (ley del silencio, que se impone en las organizaciones mafiosas) en el PP «ha fallado» y la «bomba de Bárcenas» ha sido activada, según publica en Twitter.
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha apostado, en declaraciones a RNE, por la transparencia en los partidos y ha dicho que la corrupción política «avergüenza» a la democracia y provoca «asco y repugnancia», a la vez que «lastra el crecimiento y el desarrollo».