El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, ha citado como imputado al exgerente del PP Cristóbal Páez después de recibir un informe policial que permite confirmar la presunta existencia en el partido de una «corriente financiera de cobros y pagos (...) al margen de la contabilidad oficial».
En un auto, el juez de la Audiencia Nacional, que también cita como imputado al arquitecto que reformó la sede del partido de la calle Génova, Gonzalo Urquijo, indica que de acuerdo al informe se puede «confirmar a nivel indiciario (...) la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas».
Esta contabilidad, añade, «habría sido utilizada en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto y responsable de la empresa Unifica», que realizó las obras de reforma de la sede entre 2005 y 2011.
En el auto, Ruz cita al arquitecto y a Páez -quien ya declaró como testigo- el día 16 de diciembre, así como a los testigos Antonio de la Fuente, exjefe de Seguridad del PP y cuñado de Bárcenas que ya compareció ante Ruz, y a dos empleadas de Unifica.
Anotaciones en los papeles de Bárcenas
El escrito refleja parte del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que hace unos días el juez exigió a esta sección de la Policía Nacional, en el que se analizan los documentos hallados en el registro a la sede en Madrid de Unifica y los que envió el PP sobre la obra de remodelación de su sede.
La Policía compara estos documentos con tres anotaciones que aparecen en los papeles manuscritos del extesorero Luis Bárcenas en el año 2008 a nombre de «Gonz. Urquijo», «Gonzalo (Arquitecto)» y «G.U.» por un importe global de 888.000 euros, y concluye que las coincidencias dan validez a dichos apuntes manuscritos del extesorero.
Ese dinero, indica el juez, se habría abonado al arquitecto con la supuesta caja B del PP y los pagos «no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o 'B' llevada en el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta», por entonces gerente y tesorero, respectivamente.
«En definitiva», dice Ruz, esos pagos «se habrían atendido con el remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada Caja 'B' del partido».
Estas coincidencias entre pagos al arquitecto y salidas de la caja B del PP, añade el magistrado, constituyen «indicios suficientes de la comisión de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública», de los cuales Urquijo sería autor y Páez y Bárcenas cooperadores.
Delitos de falsedad documental o contable
Respecto a Páez, explica que era la persona «con participación activa en las decisiones y seguimiento de las obras de reforma de la sede de la formación» y era también encargado de visar las facturas que emitía Unifica, «pudiendo razonablemente presumirse, a partir de la documentación hasta el momento analizada, su conocimiento de los presuntos pagos fuera de la facturación que se habían abonado desde el partido a Gonzalo Urquijo».
Los delitos que refleja Ruz podrían ampliarse a los de falsedad documental o contable si se probaran, indica, los indicios que refleja un informe de Hacienda de «descuadre» entre la facturación de los servicios ejecutados por Unifica para el PP y la contabilidad oficial del partido.
Aparte de citar a los dos imputados y tres testigos el 16 de diciembre, Ruz acuerda que se practique al arquitecto una pericial caligráfica para comprobar que su letra es la que corresponde a tres papeles manuscritos hallados en el registro de su empresa.
Se trata, en concreto, de un papel sobre las obras de la sede en el que se lee «Pierde el recibí Contabilidad y me hacen recibí en mano en Octubre. 235.000 euros», otro en el que pone «Pierden Recibí en obra piden les firme. en Diciembre» y un tercero que dice: «He recibido de D. Luis Bárcenas la cantidad de 200.000euros en concepto de pago complementario de la factura, de la planta 4ª con la que queda cancelado dicha factura».
El juez también pide a Unifica que entregue su documentación sobre las obras de Génova y notifique la identidad de su responsable financiero entre 2006 y 2009, al tiempo que remite todos los documentos a peritos de Hacienda para que hagan otro informe sobre el asunto.