La jueza de los ERE, Mercedes Alaya, ha rechazado tomar declaración al vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, aunque acuerda que la Guardia Civil investigue la solvencia de las ayudas en las que intervinieron.
Así lo ha acordado Alaya en un auto en el que responde a una petición de Francisco Javier Guerrero, exdirector general Trabajo de la Junta, de tomar declaración a ambos políticos para que «acrediten la solvencia» de las ayudas, en las que participaron «muy activamente» y que fueron concedidas con cargo a la partida 31L, que el propio Guerrero calificó en su día como «fondo de reptiles».
Solicitud
El abogado de Guerrero explicó su solicitud, en noviembre pasado, porque «a lo largo de las presentes diligencias se viene cuestionando, en relación a la concesión de ayudas, la carencia de publicidad, solicitud, ejecución y justificación».
En los primeros momentos del tiempo investigado y, a modo de ejemplo, fueron concedidas con cargo a la partida 31L ayudas a la Diputación Provincial de Sevilla, para el programa «Sevilla son sus pueblos», y a las empresas «Autologística de Andalucía, S.A.», «Roda Textil» y «Centro Limpieza Industrial Huevar», según el letrado.
Ahora la juez pide a la Guardia Civil que investigue los hechos a los que se refiere Guerrero y añade que no ha lugar a tomar declaración a Valderas y Villalobos «hasta que se complete la investigación de los hechos expuestos».
Valderas ha recordado que entre el 2004 y el 2008 no era ni diputado regional ni miembro del Gobierno andaluz, al mostrar su sorpresa por figurar en un auto de la jueza Alaya.