La dirección de ETA se encarga directamente y de forma individual de decidir el país en el que deben vivir en la clandestinidad sus huidos, que de esta forma pasan a integrar el llamado «colectivo de refugiados», quedando sometidos al control «férreo» y a la disciplina de la banda.
Así se desprende de un informe de Inteligencia de la Comisaría General de Información de la Policía que recoge el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el auto en el que procesa por integración en ETA a Javier Aguirre Ibáñez, detenido en Bélgica.
«La decisión de qué militantes deben o no marcharse a un tercer país (así como la continuidad o expulsión de la organización) es exclusiva de ETA», asegura este informe, que precisa que la dirección etarra «no concede tal condición de 'militante-refugiado' a cualquiera, puesto que supone una plena integración en la organización».
De este modo, «todos los militantes que huyen de sus domicilios y se sustraen de la acción de la justicia por su pertenencia o relación con ETA, quedan sujetos automáticamente a su disciplina y control, decidiendo cuál será, por razón de su militancia, el tipo de labor futura».
Respecto al etarra procesado, el informe indica que convivía en una misma vivienda en Bruselas con otro miembro de la banda, Ventura Manuel Tomé Queiruga, siguiendo las instrucciones de ETA, ya que ninguno de los dos eligió ese destino voluntariamente ni tampoco vivir juntos, sino que les fue impuesto por la banda a cambio de proporcionarles casa en la que refugiarse y documentación falsa.
Como sustento económico, ambos, a los que se les prohibió también contactar con su familia y consultar páginas web del País Vasco, recibieron ingresos en metálico de miembros de la oficina de Batasuna en Bruselas.
Ello demostraría que esa formación «no solo ejerce labores de representación de la izquierda abertzale, sino que, además, se implica de forma activa en el apoyo de militantes de ETA huidos en Bélgica», observa la Policía.
Según la Policía, en el caso de Aguirre y su compañero de piso se reproduce la misma estrategia que en el caso del etarra Ignacio Lerín, que se convirtió en anfitrión de Antonio Troitiño en Londres, ya que en ambos supuestos conviven en un tercer país dos generaciones muy diferentes de la banda.
Según el citado informe de Inteligencia, este ha sido el «modus operandi» de ETA con sus huidos a partir de 2007, tras la ruptura oficial de su alto el fuego, que se rompió en la práctica con el atentado en la T4 de Barajas en diciembre de 2006.
En esas fechas, ETA decidió reorganizar la estructura y los instrumentos de control del conjunto de sus militantes huidos en el extranjero, consciente de que en un hipotético nuevo escenario de negociación, sus pilares eran el «colectivo de refugiados» (EIPK) y con el «colectivo de presos» (EPPK).
La novedad respecto a la gestión de épocas anteriores, señala la Policía, es que traslada estructuras clandestinas desde el territorio francés a otros países europeos donde instala no solo algunas actividades como los taldes de reserva, sino también las del aparato político, entre ellas los «refugiados», tanto los que adquieren esa condición a partir de 2007 como los que componen las colonias de etarras ya existentes.
De la documentación incautada al exdirigente etarra ya fallecido Francisco Javier López Peña, «Thierry», tras su detención en 2008, se deduce que el miembro de ETA Joseba Agudo Mancisidor, «Pagoa», fue uno de los diseñadores de la nueva forma de organizar a los refugiados creando nuevas estructuras dentro de un órgano denominado IHESKO, ubicado en el País Vasco francés, aunque con ramificaciones en los países con presencia de etarras.
«Pagoa» formaba parte de la célula más restringida de IHESKO, denominada Iheslarien Bilgune, que se encarga de proporcionar a los refugiados «sustento político, ayuda social, jurídica, médica, psicológica, búsqueda de casas y coordinación de éstas», que se sabe tenían en Bélgica, Alemania y Reino Unido.
Aunque la gestión la realice IHESKO, la decisión se adopta en el seno de ZUBA, máximo órgano de decisión etarra, y es quien se lo comunica al militante mediante una carta personal, en la que, aún a miles de kilómetros del País Vasco, la disciplina se mantiene de forma férrea.
Por tanto, «la determinación de quién se tiene que ir al extranjero es una decisión personalizada, fundamentada y largamente meditada por ZUBA», concluye la Policía.