El Gobierno y la oposición se han cruzado duros reproches a cuenta de la tramitación en el Congreso del decreto de medidas urgentes para el crecimiento, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y que, según los grupos, modifica de forma «tramposa» veintiséis leyes, algo que niega el Ejecutivo.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha acusado a la oposición de «cobardía parlamentaria» por oponerse a la tramitación del decreto, con tal de no reconocer que sus medidas son positivas para la economía y el empleo.
Por contra, todos los grupos de la oposición han denunciado la «burla» y la «cacicada» que supone, en su opinión, la inclusión en el orden del día del pleno del jueves de ese decreto, sin dar tiempo a que sea estudiado en profundidad. De momento, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, ha amenazado con recurrir ante el Tribunal Constitucional un «engendro» legislativo de 172 páginas que modifica de forma «caciquil» casi una treintena de leyes y afecta a competencias de nueve ministerios.
Protestas que también han llegado de la Izquierda Plural, que ha avanzado que rompe cualquier vía de diálogo con el Gobierno sobre las medidas de regeneración democrática ante la «burla» al Parlamento y la «agresión a la democracia» que supone la tramitación exprés de este decreto.
En esta misma línea, Josep Sánchez Llibre, de CiU ha acusado al PP de abuso de poder, con una actitud propia del «caciquismo» y actuando precisamente «en dirección inversa» a la de la regeneración democrática que dice querer impulsar el Gobierno de Rajoy.
Cambio
Soraya Rodríguez, considera un éxito de toda la oposición el hecho de que el Gobierno haya mostrado su disposición a tramitar como proyecto de ley, permitiendo enmiendas de la oposición, el heterogéneo decreto ley que el Pleno de la Cámara convalidará mañana y que incluye modificaciones de 26 leyes que afectan a varios ministerios.
Ha sido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el que ha anunciado que el Gobierno no tiene «ningún inconveniente» en valorar la posibilidad de abrir el texto a enmiendas.