La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del proceso participativo del 9N puede ser constitutiva de delito, han informado fuentes jurídicas.
Según las mismas fuentes, se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo.
Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender la consulta alternativa convocada por la Generalitat para mañana, así como todas las actuaciones relacionadas con la misma, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado «proceso de participación ciudadana».