El Hospital Clínico de Santiago de Compostela, en el que se encuentra Andrea, la niña de 12 años que sufre una enfermedad irreversible y para la que sus padres solicitan una muerte digna, ha decidido reenviar el caso al juzgado que en julio refrendó el plan terapéutico que se sigue.
El gerente del complejo hospitalario, Luis Verde, ha explicado hoy que se quiere saber si el juzgado desea llevar a cabo «alguna actuación o modificación» del plan que se sigue con la menor y que respaldó hace dos meses.
Verde ha asegurado que no se está practicando «obstinación o sobresfuerzo terapéutico» alguno respecto a la situación de la menor y ha apuntado que se está actuando «en la línea que marcan los principios de la buena practica clínica y la ética asistencial».
Las declaraciones de la gerencia del hospital se producen después de que los padres de Andrea hayan anunciado su intención de acudir a los tribunales si no se permite dar a su hija una muerte digna tras comprobar que después de años luchando como «una campeona», su cuerpo «no aguanta más».
Ante esta situación, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha dicho que el Ministerio Fiscal «intervendrá, como siempre, en defensa de la legalidad».
El caso de Andrea ha vuelto a poner de actualidad el tema del derecho a una muerte digna o a la eutanasia, y sobre ello se han manifestado distintas personalidades y expertos.
La postura de la Iglesia Católica ha sido expuesta por el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, quien se ha pronunciado en contra del «encarnizamiento terapéutico» en la asistencia a esta niña.
«El médico tiene la obligación de intentar la curación y mejoría del paciente siempre que sea posible y, cuando no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo aun cuando de ello pueda derivarse el acortamiento de la vida», ha subrayado Gil Tamayo, citando el código deontológico médico.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha afirmado que son los profesionales sanitarios y los jueces los que tienen «la palabra» en el caso de esta menor y que «no hay ningún motivo» para no confiar en la decisión de los profesionales, ya que la ley tiene «las posibilidades» para que nadie sea sometido a un tratamiento innecesario, en una situación que no tiene vuelta atrás.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se deje actuar a los profesionales médicos según indique la justicia y ha señalado que se ha vuelto a pedir a las autoridades judiciales que se pronuncien por si la decisión fuese diferente, ya que en agosto entró en vigor la ley de muerte digna aprobada en el Parlamento gallego.
También ha criticado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se haya mostrado dispuesto, si gobierna en la próxima legislatura, a abrir un debate sobre la eutanasia para tratar de aprobar una ley con el consenso de otros partidos.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no cree necesaria una nueva regulación sobre la muerte digna ya que, a su juicio, existe una normativa que establece el marco de aplicación de los cuidados paliativos y no destinados a alargar la vida artificialmente.
Por el PP, su portavoz parlamentario Rafael Hernando, ha afirmado que su partido no se ha planteado el asunto durante esta legislatura y lo debatirá ante la elaboración del próximo programa electoral.
La diputada del PSdeG Carmen Acuña ha reclamado a la conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, que exija «que se cumpla la ley» y se respete la voluntad de los padres.
El presidente de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes, ha pedido «sensatez» en el caso de Andrea y ha considerado «muy doloroso» que los padres tengan que llegar a los tribunales.
Postura contraria a la expuesta por la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, quien ha pedido que no «provoquen ni aceleren» la muerte de la menor.