La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Esperanza Collazos, ha decretado el archivo de la causa en la que investigaba la compra del City National Bank de Florida (CNBF) por parte de Caja Madrid en septiembre de 2008, durante la presidencia de Miguel Blesa.
La magistrada asegura «categóricamente», en un auto hecho público este miércoles, que no se produjo «perjuicio económico ni para los socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de bienes o valores o capital que administren Caja Madrid». Agrega que la operación «no fue arriesgada» y que incluso «tuvo resultados positivos», ya que el banco norteamericano recibió tres ofertas de adquisición, alguna de ellas también española.
La operación, impulsada por Blesa, le llevó a la cárcel en dos ocasiones y desencadenó la posterior suspensión del que fuera titular del Juzgado, Elpidio José Silva.
Se formalizó en dos partes con una primera compra del 83 por ciento de la entidad por 927 millones de dólares -618 millones de euros- y una opción de compra pactada del 17 por ciento por 190 millones con un interés del seis por ciento que se ejecutó por 207 millones de dólares.
Caja Madrid cerró la operación por 1.127 millones de dólares, unos 747 millones de euros. Bankia vendió en mayo de 2013 el City National Bank de Florida por 882 millones de dólares, unos 682 millones de euros.
La investigación arrancó en 2012 y partió de otra causa sobre un préstamo de 26,6 millones de euros concedido al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, anulada por la Sección 30 de la Audiencia de Madrid. El juez Silva abrió una pieza separada para investigar a Blesa por la compra, al apreciar indicios «muy relevantes» de criminalidad, de los que se desprendía un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.
La parte denunciante, Mano Limpias, consideraba que el precio por el que adquirió la entidad de Florida fue el triple de su valor de mercado y que se eludió el control de la Comunidad de Madrid al fraccionar el pago del total del precio.
La juez Collazos precisa que, tras realizar «muchas diligencias» y cumplir el mandato de la Audiencia Provincial, que le ordenó en junio continuar las actuaciones, no aprecia signos de comisión de delito. Concreta que la investigación se centra en una operación concreta impulsada por la caja madrileña y no «una línea de actuación», por lo que en este caso quedan fuera «otro tipo de consideraciones económicas, financieras o sociales».
«Dentro de los límites de sus funciones»
El auto precisa que los administradores de la caja «siempre actuaron dentro de los límites de sus funciones» como demuestran varias actas del Consejo de Administración, la Comisión de Inversiones y el Comité de Dirección de Caja Madrid. También menciona la autorización concedida por el Banco de España y la Reserva Federal de Estados Unidos para que se llevara a cabo la operación.
La juez se refiere, además, a las declaraciones de peritos del organismo regulador, que aseguraron, en distintos informes, que en el Consejo de Administración de la entidad que avaló la compra había representantes de la Comunidad de Madrid que «en ningún caso habrían autorizado la operación» si hubiera habido sospechas de que se intentaba eludir los preceptivos controles.
Los expertos agregaron que «la operación tenía sus riesgos, como operación comercial que es, pero un riesgo perfectamente asumible por Caja Madrid, teniendo en cuenta su capital social». Otros testigos indicaron que la adquisición de entidades fuera del territorio nacional no sólo era aceptable y no arriesgada, sino aconsejable y lo más positivo para el mercado español, dice la magistrada.