El sindicato educativo Alternativa ha solicitado este miércoles que, ante el avance de casos de corrupción que afectan a diferentes partidos de regiones a lo largo y ancho de nuestro país, se exija a los políticos la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales para ejercer su función de cargo electo, cargo de libre designación, asesor político o similar remunerado con dinero público.
La entidad, a través de un comunicado, revela que se ha unido a una campaña del Sindicato del Profesorado Extremeño PIDE, que a través de esta propuesta pretende preservar el interés de los ciudadanos de posibles delitos en los que incurran los representantes públicos.
Los impulsores esgrimen como motivos para realizar su petición la alarma social creada en la sociedad española, como lo demuestra el hecho de que la corrupción se haya colado como el segundo problema de los ciudadanos, según el Barómetro del CIS del mes de marzo de 2016.
«Sólo finalizará esta lacra de la corrupción política si desde el Gobierno de España se emprenden profundas reformas legislativas y penales», destaca la organización.
Yo propongo que se hagan las mismas pruebas al personal docente al cual confiamos nuestros hijos y además se les someta a otra prueba de idoneidad para saber si están suficientemente preparados para la tarea que deben acometer. Por último les haría firmar una cláusula por la que se comprometan a no realizar proselitismo político en las aulas, universidad incluída.