La Guardia Civil ha intervenido a lo largo de este martes en diferentes sedes de la empresa Unipost más de 45.000 certificados de notificación cerrados, dispuestos por ciudades y poblaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para su remisión a ciudadanos en el proceso de montaje del referéndum ilegal suspendido por el Tribunal Constitucional.
El número de certificados de notificación incautados podría suponer el 80 por ciento de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales, según ha informado el Ministerio del Interior. A lo largo del día se han producido diferentes inspecciones en sedes de la empresa Unipost en Manresa, l'Hospitalet de Llobregat y Barcelona y una entrada y registro ordenada por el Juzgado Número 3 de Terrassa, en funciones de guardia, en las instalaciones de esta empresa en dicha localidad.
Los 45.000 certificados de notificación se han requisado entre las sedes de Manresa y, fundamentalmente, Terrassa. En los sobres intervenidos consta como remitente la Generalitat de Cataluña y todos ellos están provistos de destinatario.
Un muestreo de los sobres ha sido trasladado a sede judicial para su apertura en presencia del juez, fiscal, Guardia Civil actuante y un representante de la empresa, tras lo cual se ha podido determinar que su fin era constituir las mesas. El muestreo se ha realizado después de que los Mossos d'Esquadra desalojaran una protesta que impedía que la comitiva judicial accediera esta tarde a la sede de Unipost en Terrasa.
El juez titular de guardia autorizó en un auto que la Fiscalía interviniese la "ingente cantidad de sobres con el logotipo de la Generalitat" incautados este martes en la empresa y abrir uno de ellos para comprobar si contenían tarjetas censales para el referéndum.
Se trata de la primera intervención contra aspectos nucleares en la organización del referéndum, ya que hasta ahora se había requisado abundante propaganda, concretamente 1,5 millones de carteles, folletos y dípticos tanto de la Generalitat como de otras organizaciones independentistas llamando al 'sí'. La Guardia Civil también ha clausurado por mandato del Juzgado número 13 de Barcelona 32 páginas web que publican el referéndum.
55.000 MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES
Unipost es la empresa privada a la que confió la Generalitat de Cataluña el envío de sus notificaciones electorales una vez que la dirección de Correos se negó a enviar las cartas para constituir las mesas, cumpliendo así con el mandato del Tribunal Constitucional.
El pasado viernes concluyó el plazo para este tipo de comunicaciones habituales en los procesos electorales. Poco después de conocerse la decisión de Correos, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguró que los catalanes recibirían "muy pronto" las tarjetas censales.
La Sindicatura Electoral de Cataluña (órgano que también ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional) amplió el plazo para la constitución de las mesas, permitiendo que los miembros fueran notificados "hasta el cuarto día hábil anterior" al 1 de octubre, es decir el martes 26 de septiembre.
El sorteo de los 55.000 miembros de las mesas ya se ha realizado, pero la intervención de la Guardia Civil ha impedido que lleguen las notificaciones. La normativa del referéndum no especifica que la notificación se haga por correo postal.
PAPEL DE UNIPOST EL 9N
En 2014, Unipost ya fue requerida por la Fiscalía Superior de Cataluña en el marco de la investigación sobre los preparativos de la consulta del 9N. A instancias de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público remitió un oficio a la empresa Unipost para que le enviara la hoja de encargo, contrato y los documentos que obraran en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda.
Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, la Fiscalía quería saber entonces qué persona o entidad suministró a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
Unipost forma parte del entramado empresarial de la familia Raventós, propietaria del Grupo Codorníu. En julio de 2017 la filial de mensajería declaró la suspensión de pagos debido a las deudas acumuladas con la Agencia Tributaria.
Desde el pasado viernes 15, primer día de campaña del referéndum convocado por la Generalitat, la Guardia Civil ha intervenido 1,5 millones de unidades de carteles, dípticos y folletos de propaganda relacionada con el 1-O en registros practicados en varias imprentas y empresas de encuadernación.
El viernes intervinieron 100.000 carteles en los registros de la empresa Marc Martí, en el barrio barcelónes de Poblenou, y en Artyplan, situada en Sant Feliu de Llobregat; el sábado, las planchas de la cartelería en Sant Adrià de Besòs; el domingo, 1,3 millones de carteles en Montcada i Reixac y el lunes 113.000 carteles en Enquadernacions Rovira, en Sabadell.