El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cargado este lunes contra el sistema judicial español por considerarlo politizado, y ha avisado de que el Govern cesado reivindicará que no merece ser juzgado: "Defenderemos nuestros derechos hasta el final. Hay mucho más en juego que nuestro futuro personal, está en juego la democracia en sí misma".
Lo ha explicado en un artículo en el periódico 'The Guardian' recogido por Europa Press y titulado 'Esto no es solo sobre Cataluña. Es sobre la democracia en sí misma', donde critica que Cataluña es el único territorio de la Unión Europea en el que se ha disuelto el Parlament elegido por sus ciudadanos y cesado al presidente en pleno ejercicio del cargo.
Puigdemont censura la "brutal ofensiva judicial, el encarcelamiento y la criminalización" de los representantes políticos soberanistas, y recuerda que el soberanismo ganó las elecciones hace dos años con un apoyo que considera histórico, logrando 72 de los 135 del Parlament de Cataluña.
Lamenta que ahora los mismos líderes de aquel triunfo electoral de 2015 se enfrenten a penas de hasta 30 años de cárcel, las mismas que por cargos de terrorismo o asesinato, y concluye: "Esto es un ultraje colosal que tendrá serias consecuencias".
El presidente catalán recuerda que el programa electoral de JxSí incluía la independencia y la convocatoria de unas elecciones constituyentes y se pregunta cómo es posible que una parte del Govern esté ahora en la cárcel por aplicar un programa que "nunca ocultaron".
"Es por eso que seguiremos denunciando al mundo entero las graves deficiencias democráticas que ahora son evidentes en España", concluye Puigdemont, que asegura que el Estado solo permite ser independentista si al mismo tiempo se renuncia explícitamente a lograr la independencia.
DEFICIENCIAS
Puigdemont asegura que el sistema judicial español tiene "serias deficiencias" como falta de independencia y de neutralidad, y también que existen vínculos entre la judicatura y el Gobierno central que son visibles para todo el mundo.
Alerta de que los casos contra líderes soberanistas "contienen tantas irregularidades que es difícil creer que los acusados puedan contar con garantías formales", y concluye que seguirá defiendo el derecho de Catalunya de ser un Estado independiente.