El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés', ha descartado reactivar la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Dinamarca porque considera que ha "provocado" su detención para poder delegar su voto en la investidura.
En un auto, el juez Llarena subraya que desplazándose a Dinamarca --para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague--, Puigdemont busca "favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal" para "forzar" la delegación de su voto como si su situación fuese la de privación de libertad", al igual que han hecho el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el expresidente de ANC Jordi Sánchez, todos ellos en prisión.
Para el magistrado, llama la atención que Puigdemont "desvele por adelantado su intención" de trasladarse al país donde inicialmente "buscó su refugio" y "que proclame además el punto concreto donde estará presente". Esto confluye con su "proclamada intención de restablecer el mismo gobierno bajo el que se declaró la llamada República Catalana" y "retornar al momento anterior" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, indica Llarena.
Atendiendo a todas estas circunstancias, para el juez es evidente que Puigdemont ha viajado hasta Dinamarca como "provocación de una detención en el extranjero" frente a la "Imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento". Subraya que el expresidente catalán quiere "instrumentalizar" la privación de libertad para "alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener".
ACUSA A PUIGDEMONT DE "JACTARSE"
"La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria", señala el auto.
Continúa diciendo que el investigado busca que "pueda pertrecharse de una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta".
Llarena recrimina además que el expresidente de la Generalitat siga "perseverando" en seguir eludiendo a la justicia española y "oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse".
En este auto, el juez Llarena ha rechazado la petición realizada este lunes por la Fiscalía en la que solicitaba que volviese a emitir la euroorden para que las autoridades danesas detengan y entreguen al expresidente catalán, investigado por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
CONSIDERA "RAZONABLE" LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA
Destaca que esta solicitud de la Fiscalía es "razonable" si se contempla que el expresidente catalán se encuentra fuera del territorio nacional, precisamente, para eludir un procedimiento penal ene el que se busca determinar sus "responsabilidad" en el proceso soberanista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en Cataluña el pasado 27 de octubre.
No obstante, añade que esta petición se enfrenta a "matices" que conducen a que esta decisión debe posponerse. El magistrado del alto tribunal que la decisión se aplaza a un momento --"no necesariamente lejano", dice-- en que el "orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario" no puedan resultar afectados por una detención que "sería lógica en otro contexto".
Puntualiza que la reactivación de la orden de detención se debe hacer cuando el "Estado requerido pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración". En este sentido, el juez señala que, aunque existe la "remota posibilidad" de que el viaje a Dinamarca no responda a la "exclusiva inquietud académica" que ha expuesto el investigado, puede que esto sea así.
RETIRADA DE LA EUROORDEN
El juez Llarena retiró el pasado 5 de diciembre las órdenes europeas e internacionales -manteniendo únicamente la orden de detención en España-- dictadas contra Puigdemont y cuatro exconsejeros que le acompañan en su fuga en Bélgica.
En el auto de este lunes, mantiene que la intención es evitar que que el Estado al que se solicite la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados "denegara parcialmente la ejecución de las órdenes de detención" y pueda diferir, a la hora de entregarles, en lo referente a la tipificación de los cinco delitos que se les imputa.
"Dificultaría la respuesta homogénea que había justificado la acumulación de las actuaciones ante este tribunal", agrega. El juez Llarena acordó asumir también la investigación abierta contra el proceso soberanista en la Audiencia Nacional por el "carácter plurisubjetivo" y la "pluridad de partícipes" que tiene el delito de rebelión que está siendo investigado.
Recalca el magistrado que, contra lo expresado por "sectores interesados", la calificación penal de los hechos por la jurisdicción española no es "inadecuada o errónea" y que la retirada de la euroorden no es porque se desconfíe en la actuación de un Estado en concreto, sino que la decisión descansa en la "lógicas divergencias que, en delitos complejos, pueden existir entre los ordenamientos jurídicos de distintos Estados de la Unión".
"Unas divergencias no solo propiciadas por la diferente opción legislativa de los parlamentos, sino también por el hecho de estar en un momento inicial de la investigación", concluye el auto.