Ryanair se enfrenta este miércoles a partir de las 00.00 horas al primero de los dos paros de 24 horas convocados para los días 25 y 26 de julio por los sindicatos USO y Sicpla, que representan a los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea y reclaman que se aplique la legislación española y no la irlandesa a la plantilla española. Esta será la primera movilización de estas características a la que Ryanair se enfrente en España.
Esta movilización forma parte de un frente común con los sindicatos de Bruselas y Portugal, países en los que ya se ha confirmado definitivamente que los paros se producirán sin servicios mínimos. En total, hay convocados cerca de 3.000 TCP de los tres países a la huelga.
El Ministerio de Fomento estableció el pasado viernes que, además de la totalidad de las conexiones con las islas, Ryanair debía garantizar el 35% de los vuelos para cada ruta con ciudades españolas peninsulares con alternativas de transporte de menos de cinco horas, así como el 59% de las rutas internacionales y de las nacionales a ciudades españolas peninsulares sin alternativa o alternativa superior a cinco horas.
Por su parte, Ryanair canceló el pasado 18 de julio, dos días antes de que Fomento estableciera sus servicios mínimos, el 12% de los 2.400 vuelos diarios que la aerolínea opera en Europa para minimizar los efectos de los paros, por lo que la huelga terminará afectando a 200 de los vuelos diarios que Ryanair opera en España (24%), 50 de los que opera en Portugal (27%) y 50 de los que opera en Bélgica (31%) .
Los sindicatos critican que, a pesar de la convocatoria de huelga, todos los trabajadores que no son afectados por los servicios mínimos --que los sindicatos han adelantado que respetarán-- han sido llamados para presentarse en sus respectivas bases -Ryanair cuenta con 13 en España-- como refuerzo por si falta algún tripulante, lo que se conoce como «imaginaria», una práctica que, explican, está investigando la Inspección de Trabajo.
La principal reivindicación de los trabajadores es que se les aplique la legislación española y no la irlandesa. Y es que debido a esto, los tripulantes de cabina subcontratados por la compañía (el 75% del total de la plantilla) antes de 2012, cotizan en Irlanda y no tienen derecho a Seguridad Social española, por lo que se consideran a todos los efectos como «expatriados» irlandeses, a pesar de residir en España.