La acusación popular de Vox solicita un total de 74 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos en su participación en el proceso independentista.
Pide la misma pena para los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, mientras que reclama cárcel durante 62 años para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell por presuntos delitos de rebelión y organización criminal.
En el escrito de acusación Vox pide de esta manera penas superiores a las de la Fiscalía del Estado, que pidió 25 años para Junqueras por rebelión agravada con malversación de fondos públicos, y penas de entre 7 y 17 años para el resto de encausados en el Tribunal Supremo.
En concreto, Vox aprecia la comisión de dos delitos de rebelión diferenciados, por lo que pide 25 años de prisión por cada uno de ellos. Ve rebelión en el asedio a la Consejería de Economía catalana de los días 20 y 21 de septiembre de 2017, y también en la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de ese mismo año.
El partido hace responsables civilmente a todos ellos, así como a los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila --en quienes no aprecia rebelión--, del pago de la cantidad total de 4.279.985,03 euros, correspondiente a la suma malversada.
SEDICIÓN COMO ALTERNATIVA
Alternativamente, Vox solicita la imputación de dos delitos de sedición por los que pediría 15 años por cada uno de ellos, en el caso de que el Supremo finalmente descarte la rebelión en alguno de estos acontecimientos. Demanda 12 años de cárcel para los encausados por pertenencia a organización criminal y otros 12 por malversación de caudales públicos.
Vox exige asimismo para todos ellos una inhabilitación absoluta para empleo o cargo público de 20 años por el delito de rebelión --15 en el caso de que se quede en sedición-- y de otros 20 por el de malversación.
En contraste con la petición de Fiscalía --que diferenciaba el grado de su petición de pena en función de la responsabilidad de los líderes independentistas-- Vox demanda las mismas penas para los dirigentes independentistas en prisión, con la salvedad del delito de malversación, que no le atribuye ni a Cuixart, ni a Sànchez ni a Forcadell al no formar parte del Ejecutivo autonómico.
JUNQUERAS Y FORN, CONOCEDORES DE POSIBLE VIOLENCIA
En el caso de Junqueras y del exconsejero de Interior Joaquim Forn, quien estaba a cargo de los Mossos d'Esquadra durante los hechos que según Vox son constitutivos de rebelión, la formación de Santiago Abascal señala que habían sido advertidos por las fuerzas de seguridad autonómicas de que la presencia de Policía Nacional en el referéndum del 1-O podía desembocar en episodios violentos por enfrentamientos de los votantes con los cuerpos nacionales.
Pese a ello, «optaron por ordenar la continuación del proceso de votación ilegal, por llamar a la población a la movilización violenta y a la participación activa en dichos comicios y por diseñar y poner en práctica un operativo policial autonómico, plenamente comprometido con el objetivo de que dicha votación ilegal tuviera lugar y que las movilizaciones de los partidarios de la misma pudieran llevarse a cabo».
«Las fuerzas policiales del Estado fueron eficazmente neutralizadas por la acción conjunta y coordinada de los ciudadanos independentistas y de los Mossos», añade Vox.
Respecto a Sànchez y Cuixart, ambos líderes de organizaciones «fuertemente subvencionadas» por el Gobierno catalán, subraya que lanzaron discursos y proclamas independentistas, «siempre violentas», los días 20 y 21 de septiembre, y que aprovecharon su capacidad de movilización para reunir una «masa» de ciudadanos que impidiese a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplir con la orden judicial de evitar la celebración del referéndum de independencia.
Vox acusa a Turull de gestionar la publicidad del referéndum y de coordinar las infraestructuras informáticas; a Romeva, de tratar de crear estructuras de Estado y de legitimar la pretendida república catalana en el exterior con las 'embajadas' de la Generalitat; y a Forcadell, de intentar dar «una coartada legitimadora» al 'procés' con su actuación como presidenta del Parlamento de Cataluña al permitir el trámite de leyes contraviniendo al Tribunal Constitucional e ignorando a los letrados de la Cámara catalana.
Según el escrito de acusación de Vox, la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa puso todos los locales de su Departamento a disposición del referéndum y permitió que se pagasen a través de este parte de los gastos relacionados con el 1-O --imprimir papeletas o elaborar el censo--. Además, la formación personada en la causa contra el 'procés' responsabiliza al extitular de Territorio Josep Rull de impedir el desembarco en el puerto de Palamós (Gerona) con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1-O.
PRISIÓN PARA MUNDÓ, VILA Y BORRÀS, PERO NO REBELIÓN
Por otro lado, Vox solicita 24 años de prisión por supuestos delitos de organización criminal y de malversación de fondos públicos para los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila --quienes terminaron dimitiendo de sus cargos y dejando la política-- y pide una inhabilitación especial y una multa de 9.000 euros al mes durante dos años para ellos por un delito continuado de desobediencia.
Termina reclamando 12 años de prisión por organización criminal y la misma multa e indemnización que a los anteriores para los exmiembros de la Mesa del Parlamento regional Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya.