El jefe del Ejecutivo y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, defiende ahora la dependencia de la Fiscalía del Gobierno para demostrar que su gabinete también está actuando para conseguir traer de vuelta a España al expresidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont.
«¿La Fiscalía de quién depende?», ha contestado Sánchez en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado por qué prometió en el debate electoral traer de vuelta a España a Puigdemont como si de un compromiso electoral se tratase. Según el entrevistador reconoció que la Fiscalía dependía del Ejecutivo, Sánchez añadió: «Pues ya está».
Sin embargo, durante la causa del 'procés', Sánchez defendió la independencia y la autonomía de la Fiscalía con respecto al Gobierno cuando desde el independentismo se le pedía que influyese para que no acusara de rebelión a los dirigentes encarcelados.
Sánchez ha explicado que cuando el lunes en el debate anunció que traería a Puigdemont a España se refería a que la Fiscalía pidió al juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, que reactivase la euroorden contra el líder independentista.
«Espero que más pronto que tarde Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española», ha señalado, precisando que todo depende del tiempo que la justicia belga tarde en responder a esta solicitud.
También ha justificado la recuperación del delito de organización de referendos ilegales porque el independentismo catalán está amenazando con volver a retomar la vía unilateral.
Ha advertido de que consultas como la del 1 de octubre de 2017 que «cuestionan la integridad territorial» de España son elementos de «discordia» y de «enquistamiento de la situación política en Cataluña», donde la mayoría de ciudadanos son partidarios de permanecer en España.
Ante la amenaza de radicales independentistas de interferir en la jornada electoral en Cataluña, ha señalado que se han desplegado «un número importante» de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha subrayado que «todas las instituciones» --también la Generalitat-- tienen el debate de garantizar el «normal discurrir de la jornada electoral».
Como ya hiciera en entrevistas anteriores, ha advertido de que alterar la jornada electoral puede derivar en «responsabilidades penales contundentes».