Avanza la legislatura, los plazos de gracia se agotan, y los previsibles cambios de fondo y forma que se anunciaron con la llegada del nuevo Govern no se materializan; al menos en la medida de las expectativas creadas. El Pacte se presentó como una bocanada de aire fresco tras el cuatrienio de mayoría absoluta del PP de José Ramón Bauzá en el Consolat de la Mar, otra manera de practicar la política, abrir las instituciones y ejercer la transparencia como un deber más en la gestión de las instituciones públicas. Transcurridos ocho meses, los gestores autonómicos incumplen incluso las normas que aprobó en la Llei de Bon Govern, cuyo incumplimiento denunció con insistencia durante el pasado cuatrienio.
Cambio de mentalidad. Es quizá demasiado pronto discernir si la actitud del Govern, al negarse a publicitar los gastos de sus integrantes superiores a los 500 euros, responde a la desidia o a una actitud deliberada de ocultación de datos a los ciudadanos. Ambos supuestos son inaceptables, más en quienes alcanzaron las instituciones con el compromiso de poner en práctica otra manera de ejercer el poder; la divisa que hacía a los integrantes del Pacte diferentes como gobernantes. La realidad está evidenciando que no es así. La actitud empeora cuando, además, no se esgrime ningún tipo de justificación o explicación.
Rectificación inmediata. Si los dos grupos que integran el Govern, PSIB y Més, además de Podemos, que le presta su apoyo parlamentario, no quieren perder el crédito ciudadano que obtuvieron en las pasadas elecciones de mayo es preciso que rectifican la dinámica actual. No hay pretextos que justifiquen dejar de aplicar decisiones que expliciten la voluntad política en favor de la transparencia institucional, una dinámica que tiene que formar parte de la nueva cultura política que exige la sociedad. La oportunidad de evidenciar que hay otros aires en la política balear es inmejorable.