El titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha culpabilizado a las comunidades autónomas de buena parte del desvío en las previsiones del déficit público, que alcanzó el 5,1 por ciento del Producto Interior Bruto durante el ejercicio de 2015. Las argumentaciones del ministerio han levantado una considerable polvareda política y las críticas han arreciado por parte de los responsables económicos de la mayoría de las autonomías, entre ellas Balears.
Los servicios públicos. Cabe indicar que no sólo son las autonomías quienes no han cumplido su compromiso de ajuste, la Seguridad Social también sobrepasó con creces el límite del 0,6 por ciento hasta alcanzar el 1,26 por ciento del PIB. Sin embargo, Montoro no ha dudado en culpabilizar a las comunidades del mal resultado final respecto a las exigencias pactadas con la Unión Europea mientras enfatizaba el esfuerzo de contención en las cuentas del Estado. La indignación de buena parte de los responsables autonómicos está más que justificada, son ellos los que tienen que hacer frente a los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales. Las demandas que generan estas prestaciones son inaplazables, una condición que el ministro Montoro ha obviado de manera intencionada.
Tonos y formas. La altanería del discurso de Cristóbal Montoro ya forma parte de su manera de entender la política, pero que resulta del todo inaceptable cuando, además, se ocupa en funciones la máxima responsabilidad al frente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El tono amenazante sobre las represalias que tomará su departamento –de las que no libra a Balears– es una muestra de cómo entiende el ministro las relaciones con la comunidades autónomas, las cuales están castigadas por la subordinación financiera al Estado de cuyas cuentas él es, en la práctica, su principal y único administrador.