El resultado de la encuesta sobre el sentimiento generado tras la sentencia del llamado ‘caso Nóos’ refleja que un 77 por ciento considera que la absolución de la infanta Cristina es la consecuencia de su condición de hermana del Rey. Sólo un 12 por ciento de los consultados considera el fallo justo. El trabajo, realizado por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES), se completa con la valoración respecto a Iñaki Urdangarin. Un 58 por ciento ve benevolente la condena a seis años y medio que le impuso la Audiencia por su involucramiento en las irregularidades de Nóos, junto a su socio Diego Torres.
Un escándalo social. No cabe duda de que la percepción ciudadana de asuntos tan mediáticos como el ‘caso Nóos’ está muy alejada del rigor jurídico con el que han trabajado las partes y el tribunal de la Audiencia. El análisis de los hechos a la luz de las leyes ha generado, a expensas de lo que pueda dilucidar finalmente el Tribunal Supremo, una sentencia cuyo resultado ha defraudado las expectativas generadas en la sociedad. Lo ocurrido escandaliza a los ciudadanos, que consideran insuficiente el castigo que se impone a quienes malgastaron y se beneficiaron de grandes cantidades de dinero público. Esta distancia entre la decisión de los jueces y el sentir de los ciudadanos se acrecienta en una dinámica peligrosa.
Máximas garantías. El garantismo que impregna el sistema judicial español provoca, en ocasiones, situaciones como la del ‘caso Nóos’. El número de absoluciones y la rebaja de las penas impuestas ha sorprendido a una ciudadanía desconecedora de los parámetros en lo que se debe mover la Justicia, que no puede quedar condicionada por la presión social o mediática. Frente al relato del fiscal y del juez instructor –muy aireado en los medios–, está el veredicto del tribunal, que no ha aceptado todos sus planteamientos. Tras años de instrucción en los que la sentencia de culpabilidad total parecía que estaba dictada, es lógica la reacción y la decepción de la opinión pública.