El desconcierto y el temor a las elevadísimas sanciones que se anuncian contra los infractores están provocando las primeras reacciones de los propietarios de viviendas vacacionales anulando, según la patronal Aptur, y de manera precipitada, las reservas ya cerradas para las próximas semanas. Tras la confusa tramitación de la ley, que se ha tenido que completar con un decreto, la Conselleria de Turisme ha acelerado la dinámica encaminada a controlar el alquiler turístico en plena temporada, circunstancia que genera un clima de alarma que corre el peligro de provocar efectos indeseados sobre el conjunto del sector.
Demasiadas prisas. Da la impresión que los mensajes que se lanzan desde la Conselleria de Turisme en persecución de la denominada oferta ilegal de viviendas vacacionales, incrementados en los últimos días, tratan de ser la respuesta a las exigencias de los grupos contrarios a este tipo de actividad.La expresión más radical serían los colectivos que manifiestan su oposición a la presencia de visitantes en las Islas. Sin embargo, en una cuestión tan delicada y trascendente, hay que tener presente que muchas de las reservas están cerradas y no parece que sea lo más oportuno abortarlas en plena temporada alta. Lo razonable es comenzar las intervenciones y controles a partir del próximo mes de noviembre. Hacerlo ahora supone asumir el elevado riesgo de poner en entredicho la solvencia de Balears como destino turístico.
Serenidad de la decisión política. La actual dinámica de confusión no es la más adecuada para aportar soluciones eficaces a las consecuencias del alquiler vacacional, cuya regulación en los términos aprobados por el Parlament está pendiente del eventual recurso de inconstitucionalidad que tiene en estudio el Gobierno central. Cabe imponer más sosiego en los tiempos para evitar alarmas innecesarias, dentro y fuera de Balears; así como para no tener consecuencias negativas indeseables.