Los últimos indicadores del mercado inmobiliario confirman que los inmuebles de Balears, además de ser uno de los más caros de España, son los que menos fluctúan a la baja en sus precios. Con una media de cerca de 250.000 euros, la fuerte demanda existente mantiene al alza la cotización la vivienda, una circunstancia que también tiene sus efectos adversos en el conjunto de la sociedad. La irrupción de los grupos inversores extranjeros son, sin duda, uno de los elementos distorsionadores de un fenómeno que desde la Administración se debería tratar de contrarrestar para proteger las economías más modestas; las más castigadas por la actual coyuntura.
La vivienda social.
Los esfuerzos por ampliar el parque de vivienda social en Balears, en sus diferentes modalidades, están llegando tarde para paliar el problema. Como medidas de choque, el Govern ha optado por poner en práctica medidas que tratan de derivar a los propietarios, particulares o entidades privadas, buena parte de la responsabilidad para resolver la evidente escasez de viviendas a precios asequibles; tanto en régimen de compraventa como de alquiler. Corregir los abusos es, sin duda, una prioridad de los responsables institucionales, pero ello no debe ser el pretexto para interferir en los mecanismos de la oferta y la demanda. La Administración, en este caso la autonómica, tiene fórmulas y recursos para atender el segmento más débil de la demanda.
Evitar los errores.
Resulta sorprendente que cuando todavía está reciente el recuerdo de la crisis en España, acrecentada por el estallido de la burbuja inmobiliaria, vuelvan a detectarse comportamientos especulativos muy peligrosos y sobre los que las entidades financieras deben ser especialmente cautas. Balears, podría decirse, está de moda en el mercado inmobiliario internacional; aunque es sabido que estas puntas de demanda excepcional tienen un recorrido siempre incierto.