Los datos del padrón de población a fecha 1 de enero de 2017, los últimos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mantienen la tendencia al alza que se inició hace ya dos décadas. Durante este período, las Islas han aumentado un 47 por ciento la cifra de residentes, alcanzando los 1.115.999, de los que 8.779 corresponden sólo al último año. Balears es la comunidad con el crecimiento más significativo de todo el Estado durante este período, una evolución que resulta sorprendente en Formentera, donde el índice acumulado en los últimos diez años es del 45 por ciento frente al 7 por ciento de media del resto de la Comunidad. Por contra, el INE refleja la pérdida de población en dieciséis municipios mallorquines, la mayoría en la Serra, aunque resulta especialmente significativa la evolución negativa de Calvià.
Un problema de fondo.
El crecimiento de la población balear es, probablemente, una de las cuestiones sociales más graves que están pendientes de resolver. Los problemas que se están generando en la capacidad de las infraestructuras, la mayoría de las cuales están saturadas, responden más a este fenómeno que, como de manera equivocada se presenta en ocasiones, a la afluencia de turistas. El colapso real de nuestra red viaria, centros de salud y hospitales o los centros escolares deriva de la necesidad de atender una demanda que aumenta sin que se amplíen los servicios para una atención adecuada.
Políticas a largo plazo.
Este fenómeno de un crecimiento sostenido durante dos décadas no ha merecido la atención de nuestros responsables institucionales, que han optado por medidas coyunturales que han quedado desbordadas al rebasarse en pocos años las previsiones. Recursos esenciales –agua y territorio– y servicios públicos deben revisarse desde el prisma de una realidad incuestionable en Balears: un aumento de la población que debe ser compatible con la calidad de vida.