El impacto de las diferentes medidas destinadas a frenar la expansión del alquiler turístico, que, en algunos puntos de Balears se ha traducido en su prohibición está comenzando a aflorar las consecuencias. Y no siempre son positivas.
El sector del pequeño comercio advierte un descenso de las ventas derivadas de la eliminación o reducción de esta oferta de alojamiento turístico.
Cabe recordar que puede ser determinante en muchos casos para la revitalización de las ciudades y es una vía de acceso a rentas complementarias para muchas familias.
El problema es complejo. En todo caso, resulta evidente que la estrategia actual no tiene efectos inocuos sobre la economía y, por extensión, para la generación de puestos de trabajo.
Motor económico.
El alquiler turístico, una actividad que requiere una regulación más estricta que la simple Ley de Arrendamientos Urbanos, es también el motor de una importante actividad económica que se corre el peligro de detener casi en seco.
Numerosas obras de rehabilitación inmobiliaria, apertura de bares y restaurantes, pequeños supermercados, empresas de servicios... Todo ello también forma parte de un fenómeno que ha eclosionado en los últimos años.
Coincide, además, con un pico en la demanda turística derivada de la caída de otros destinos competidores en el Mediterráneo. A la vista del análisis que hacen los responsables sectoriales, el futuro de estas empresas es sombrío.
La sostenibilidad, la clave.
Los crecimientos exponenciales son ya insostenibles en Balears –nadie lo duda–, pero ello obliga a ser más imaginativo en las decisiones que la simple y pura prohibición.
Pretender que las medidas adoptadas contra el alquiler turístico repercutan en una bajada de los precios en el mercado inmobiliario es, por el momento, una entelequia y más a corto plazo. Combatir la gentrificación requiere de menos prohibiciones y más compromiso institucional en las soluciones.