El inicio del juicio en el Tribunal Supremo a los políticos y activistas encausados por el ‘procés’ independentista de Catalunya, que culminó en la fallida consulta del 1-O de 2017, pone a prueba la calidad del sistema judicial español por su indudable eco internacional. La vista es de una enorme relevancia y merece, sin duda, el apelativo de histórica por sus características excepcionales en un país democrático. Sobre la cuestión de fondo, la inmensa mayoría de los ciudadanos ya tiene una idea preconcebida, a favor y en contra, sobre la responsabilidad de quienes deben hacer frente a las gravísimas acusaciones que pesan sobre ellos.
Un fallo convincente.
Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tienen por delante sesiones que se prolongarán durante meses, pero lo trascendental será el veredicto. La sentencia debe ofrecer sólidos argumentos jurídicos que justifiquen la decisión, tanto de culpabilidad como de inocencia, en aquellos delitos que son nucleares en esta cuestión: la rebelión y la sedición. La contundencia del fallo debe acallar las discrepancias que han alimentado la instrucción del caso, entre quienes ven un trasfondo político y quienes interpretan que se ha sofocado un intento claro de golpe de Estado secesionista. La interpretación de distintos tribunales europeos ha sido claramente divergente con el parecer del Supremo y de la Fiscalía, hasta ahora.
Puigdemont, en rebeldía.
Entre los encausados por el Tribunal Supremo hay importantes ausencias. La más significativa es, sin duda, la del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont; huido a Bruselas. Puigdemont es la cara visible de la estrategia destinada a internacionalizar el conflicto catalán, tarea ante la que el Gobierno español ha comenzado a articular una tímida reacción en la defensa de sus posiciones. Es la gran batalla que se libra por el ‘procés’, y no es otra que la credibilidad de unos y otros ante la opinión pública.