El debate de investidura de Pedro Sánchez evidenció ayer la enorme sima que le separa del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Los dos partidos estatales con mayor representación parlamentaria encaran el principal problema de España -el proceso secesionista abierto en Catalunya- desde posiciones antagónicas; sin ningún punto de conexión. El tono de sus intervenciones dejó clara la imposibilidad de un acercamiento en una cuestión nuclear para el Estado, la cual desde el próximo Gobierno se quiere abordar desde el diálogo con las fuerzas independentistas. El llamado frente constitucionalista ha quedado resquebrajado a la espera del resultado final de las conversaciones con el soberanismo catalán.
Rufián, exigente.
Dejando al margen los posicionamientos radicales del líder de Vox, Santiago Abascal, la intervención del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fue especialmente dura respecto a la actitud del futuro Gobierno en lo que concierne al ‘procés'. Las trece abstenciones son el peaje que se acepta para formular una consulta en Catalunya. El margen legal de esta negociación es estrecho con el actual margen jurídico, todo un reto para Sánchez, que admitió en la tribuna que el diálogo se inicia desde posiciones muy distantes. En todo caso, el candidato socialista aventuró soluciones concretas para una futura legislatura, anteponiendo el valor de la negociación política frente al acoso jurídico para resolver el conflicto catalán.
Muchas promesas sin recursos.
Sánchez esbozó una retahíla de compromisos -entre los que figuró un nuevo modelo de financiación autonómica- sin determinar cómo incrementará los ingresos para poder costearlos. La capacidad de endeudamiento de España ya está en el límite y elevar las cargas fiscales obliga a una política muy selectiva. Sánchez logró ayer un importante crédito político para su investidura, la duración de la legislatura pondrá a prueba su habilidad para conservarlo.