Sin sorpresas, pero por la mínima, el candidato socialista, Pedro Sánchez, fue investido presidente por el Congreso al superar la segunda votación con 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones. Un ajustado resultado que abre la puerta al primer Gobierno de coalición de la democracia, formado por el PSOE y Unidas Podemos. Un Ejecutivo que, sin mayoría absoluta en las Cortes, debe afrontar difíciles retos para superar el bloqueo instalado en la política española. Un escenario transformado en un terreno embarrado y con una potente oposición de derechas, articulada en torno al PP, Ciudadanos y Vox, que ya ha anunciado una durísima estrategia de acoso y derribo del nuevo Gobierno. Porque los socialistas y UP, al sumar 155 diputados, precisan del voto a favor de otros 21 parlamentarios para que prosperen las numerosas reformas y todas las medidas anunciadas por Sánchez y Pablo Iglesias.
Estabilidad y gobernanza.
Superada la procelosa investidura viene ahora lo más complicado: conseguir la estabilidad y los apoyos para aprobar, en primer lugar, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con unas cuentas que aumentan el gato público; y conseguir la reforma de las pensiones, la reforma laboral, nuevas leyes orgánicas para regular la eutanasia y le justicia universal, la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial y la eliminación de los aforamientos. Todo ello, amenazado por el futuro de Catalunya con una mesa de negociación Gobierno central-Generalitat catalana.
Las reivindicaciones de Balears.
En la agenda del próximo Ejecutivo no figuran como prioridades las dos grandes cuestiones que preocupan en Balears: la reforma de la financiación autonómica para obtener los recursos que necesita el Govern; y dotar de contenido al Régimen Especial (REB). Armengol debe exigir desde el primer día, con firmeza y argumentos, una solución a estas dos reivindicaciones. Balears se juega mucho con el nuevo Gobierno.