La crisis del coronavirus ha alterado las agendas de todos los gobiernos del mundo, también la del de Sant Antoni. Uno de los objetivos anunciados a principios de año era la convocatoria de una consulta popular para que el pueblo pueda pronunciarse sobre la oportunidad de prohibir de forma definitiva el tráfico de mercancías y vehículos en el puerto de la ciudad, lo que de facto supone prohibir el atraque de ferrys. La plataforma Salvem sa bahía desveló ayer el debate producido sobre este punto en el seno del comité ciudadano del mes de enero, donde solo la asociación de comerciantes se mostró a favor de recuperar estos tráficos, la mayoría se opuso y una parte mantuvo una posición ambigua. De lo que no hay duda es que, siendo importante, éste no es el único problema que ha de abordar la bahía.
Sin incidencia en el tráfico marítimo.
La experiencia acumulada durante la moratoria, que finaliza a final de año, ha demostrado que el puerto de Ibiza es suficiente para cubrir todas las necesidades de las Pitiusas tanto en el tráfico de mercancías como en el tráfico de pasajeros y personas y que el atraque en Sant Antoni es, desde este punto de vista, irrelevante. El debate es, pues, si es positivo o negativo que vuelvan los ferrys a la bahía para Sant Antoni. Se trata de una decisión controvertida que no genera unanimidad por el lógico conflicto de intereses.
Los beneficios del Govern.
De lo que no hay duda es que la decisión no debe tomarse en función de la necesidad de garantizar los pingües beneficios que obtiene Port de les Illes Baleares gracias a las tasas marítimas que pagan las navieras, máxime cuando los remanentes de esta empresa pública se destinan a pagar el agujero del tren de Mallorca. Tampoco han de primar los intereses comerciales de las navieras. El interés general de Sant Antoni es el que debe prevalecer.