El Gobierno, los empresarios y los sindicatos no lograr alcanzar un acuerdo en torno a la regulación del teletrabajo o trabajo desde casa, que durante el confinamiento ha registrado un gran incremento y que se continuará aplicando. La mayoría de las entidades financieras en España tiene entre sus planes adoptar a partir de septiembre un modelo de trabajo que combine la actividad en remoto y presencial. La ministra portavoz, María Jesús Montero, afirma que las empresas deberán sufragar «en su totalidad» esta modalidad laboral que no podrá implicar gastos, directos o indirectos, para el empleado «relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad». El sindicato UGT apoya esta propuesta del Gobierno y añade que los aspectos relativos a «las condiciones de seguridad y de salud necesarias para el trabajo desde casa». Y, por su parte, el sindicato CCOO reclama una regulación que «garantice los derechos de los trabajadores».
Mundo global y digitalización global.
Pero el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, responde que si los criterios que se imponen son «imposibles», muchas empresas podrían contratar fuera de España. «El mundo es global y la digitalización es global, cuidado cómo se plantea esto», advierte Garamendi, que, tras pedir prudencia y mesura, concluye: «Si tengo que contratar, se ponen condiciones imposibles y no puedo gestionar a mi plantilla, mañana puedo contratar en Portugal».
Pactar los criterios con el diálogo social.
La nueva ley que regulará el teletrabajo en España debe ser fruto del acuerdo en el marco de diálogo social. No se puede imponer mediante un Real Decreto Ley. Corresponde al Gobierno buscar e impulsar el consenso con las organizaciones empresariales y sindicatos para pactar el pago de los gastos que conlleve o las horas que debe cumplir el empleado. Se pueden utilizar mecanismos como repercutir un tanto por ciento en la nómina, abonar dietas o la comprobación documental de los gastos.