El Ayuntamiento de Ibiza abusa de forma generalizada de los contratos menores, una figura legal que permite a la administración local adjudicar trabajos y servicios puntuales por valor de 14.999 euros más IVA como máximo con gran discrecionalidad. Esta es la práctica utilizada por el Consistorio que preside Rafa Ruiz para contratar la auditoría anual del plan de calidad de las playas del municipio a la empresa de la familia del secretario general de la FSE, Josep Marí Ribas Agustinet, y el soporte para eventos de la Concejalía de Turismo y Comercio a la empresa fundada por la mujer del destacado dirigente socialista, Alfonso Molina. Son contrataciones que generan suspicacias por la vinculación al PSOE de los empresarios que, no obstante, son solo la punta del iceberg de una problemática de mayor calado.
La Sindicatura de Cuentas lo censura.
Según el informe fiscalizador de la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2017, el Ayuntamiento de Ibiza formalizó 878 contratos menores con «fraccionamiento» o con «indicios» de ello por un importe de 403.000 euros. Estas adjudicaciones, «por la coincidencia del objeto, del contratista y por la suma de los importes» o porque son «prestaciones continuadas o periódicas y repetitivas y, en todo caso, ordinarias», debieron ser tramitadas a través de un concurso público, figura que garantiza la libre concurrencia y, por lo tanto, que el Ayuntamiento acceda a las mejores prestaciones económicas.
Abuso.
Los contratos menores son imprescindibles para evitar el colapso de la administración y reducir la burocracia, pero solo han de utilizarse para los casos en los que realmente está justificado, ya que de lo contrario otorga a los ayuntamientos un poder excesivo para regar con fondos públicos a unas empresas en detrimento de otras que carecen de los contactos y las influencias necesarias para trabajar con la administración. El gobierno socialista de Rafa Ruiz debe evitar estos abusos sistemáticos, abandonar la opacidad y actuar con transparencia.