La providencia dictada por el Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación que había interpuesto el Govern a la sentencia del TSJB pone, de nuevo, en el punto de partida la exigencia del conocimiento de la lengua catalana al personal sanitario del IB-Salut. La consecuencia de la inadmisión es que invalida las excepciones progresivas para el colectivo sanitario contempladas en el decreto que Armengol se vio forzada a aprobar ante el éxito de varias movilizaciones contra la imposición del catalán en la sanidad impulsadas por Mos Movem bajo el lema Los idiomas no salvan vidas. Así pues, el acceso a la sanidad queda regulado por la Ley de Función Pública, norma que fue modificada por la izquierda para elevar el conocimiento del catalán de mérito que heredó de José Ramón Bauzá a requisito. El TS, al igual que ya había hecho el TSJB, considera que cualquier modificación debe tener rango de ley; una coincidencia que reabre una polémica recurrente en Baleares, agravada por la falta de profesionales con los que cubrir las vacantes.
Demanda creciente.
Hoy es más difícil incorporar a la sanidad pública balear profesionales de Medicina y Enfermería, ya que el mercado de profesionales con conocimiento acreditado de catalán es infinitamente más pequeño que sin este requisito que actúa, pues, como una barrera. El problema es especialmente grave en Ibiza por la crisis que vive la sanidad pública, con cifras alarmantes de listas de espera.
Respeto al paciente.
La salvaguarda del derecho de cualquier paciente a expresarse en catalán cuando es atendido por el IB-Salut ha de ser un objetivo para las autoridades. Ello, no obstante, no debe poner en peligro la calidad asistencial, bien superior al anterior. Salvo contadas excepciones en colectivos radicalizados, la sociedad entiende y acepta con absoluta normalidad que es mejor tener un médico que no hable catalán que no tenerlo por exigirle a los profesionales que lo hablen. Los políticos están para ofrecer soluciones, no para crear problemas donde no los hay, como es el caso del idioma en la sanidad pública.