Establece el primer artículo del reglamento del Parlament que esta institución representa al pueblo de Balears, ejerce la potestad legislativa, aprueba los Presupuestos de la Comunidad y controla la acción del Govern. Estas son las funciones que corresponden a los 59 diputados que integran la Cámara autonómica. Prohibir o impedir que los diputados de la oposición, a quienes corresponde ejercer la función de control del Govern, puedan formular preguntas a la presidenta y a los consellers del Ejecutivo supone desnaturalizar y minimizar la labor de esta institución de la Comunidad. Los partidos del Pacte que sustentan al Govern volvieron el martes a suprimir la sesión de control. En el pleno, los diputados del PP, Vox, Cs y PI no pudieron ejercer una de las funciones capitales que les asigna el reglamento. La diputada portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, denunció que «han vuelto a vetar a la oposición para ejercer nuestra competencia de control, lo que constituye una nueva injerencia del Ejecutivo en el Legislativo».
El ‘fair play' parlamentario
Por su parte, el PP, que tuvo la oportunidad de debatir su propuesta de rebaja fiscal, recordó que en los últimos tres años nunca se había vetado la sesión de control al Govern durante el periodo de plenos extraordinarios. Su portavoz, Antoni Costa, señaló que tanto a Armengol como a sus consellers «no les costaría nada» responder a las preguntas de la oposición. Así debería ser por respeto a estos diputados y para garantizar el necesario fair play parlamentario.
Torpeza e inseguridad
El PSOE sostiene que al ser plenos extraordinarios sólo procede tramitar los proyectos de ley elaborados por el Govern. Pero ello supone impedir el debate e imposibilitar el control de la acción del Govern. Invocar a José Ramón Bauzá para recordar que también eliminó la sesión de control en las sesiones extraordinarias es un error que evidencia torpeza e inseguridad.