Desde hace semanas se viene advirtiendo que la falta de viviendas en Ibiza y Formentera está provocando graves problemas a las administraciones públicas. Así ha ocurrido por ejemplo en la Guardia Civil y también en la Policía Nacional, donde sus efectivos están viviendo auténticas odiseas por no disponer de residencias a un precio razonable. Recordemos el caso del Guardia Civil que debe vivir en una furgoneta y ducharse en el gimnasio, pero la situación sigue empeorando. La delegación de Tráfico en Ibiza se ha visto obligada a cerrar los martes por no disponer del personal suficiente para cubrir el servicio, lo que ha provocado que las autoescuelas ya denuncien que faltan examinadores y personal administrativo. La situación, lejos de resolverse, puede agravarse en el futuro.
No hay ningún plan.
Lamentablemente no existe ningún plan para poder dotar de viviendas a precios razonables a las personas destinadas a las Islas para trabajar en la administración. Hoy por hoy las Pitiusas son el peor destino posible para un trabajador público porque los sueldos no cubren ni el coste de los alquileres ni tampoco el nivel de vida de las Islas, muy por encima de muchas ciudades de la Península.
Peores servicios, mismos impuestos.
Está claro que la pérdida de servicios en Ibiza y Formentera no conllevarán una rebaja de impuestos, pero la problemática por la insularidad, agravada por la falta de vivienda, está convirtiendo la vida en las Islas en un problema añadido que no tienen otros ciudadanos españoles. Convendría que los partidos políticos, en lugar de hacer propuestas electorales que no aportan nada ni resolverán ningún problema en el futuro, se puedan sentar, escuchar a todas las partes implicadas, y valorar el drama que se vive por la falta de planificación durante años, la escasa construcción de vivienda pública y la nula capacidad para escuchar a propietarios de pisos de alquiler con el objetivo de revertir esta situación. Mientras tanto, todos salimos perdiendo.