La vivienda ha dejado de ser en Balears un problema coyuntural para convertirse en el principal desafío estructural. Los últimos datos confirman una realidad cada vez más preocupante: ningún otro territorio de España exige un esfuerzo económico tan elevado para acceder a una vivienda en propiedad. Destinar cerca del 57 % del salario al pago de una hipoteca no solo supera cualquier umbral razonable de endeudamiento, sino que evidencia un mercado desacoplado de la capacidad adquisitiva de la población residente. La evolución de la última década resulta elocuente. Mientras las cuotas hipotecarias prácticamente se han duplicado y el precio de la vivienda continúa creciendo a un ritmo brutal, los salarios avanzan con mucha menor intensidad. La consecuencia es un deterioro constante de la accesibilidad residencial que expulsa a miles de familias del mercado de compra y dificulta, especialmente, el proyecto vital de los jóvenes.
Mercado fluido.
Con todo, el mercado hipotecario sigue mostrando un notable dinamismo. El crédito continúa fluyendo y el importe medio de los préstamos alcanza máximos históricos, reflejo de un encarecimiento que obliga a asumir deudas cada vez mayores para adquirir viviendas que hace pocos años resultaban asequibles. El sistema financiero mantiene su actividad, pero ello no significa que el acceso a la propiedad sea más sencillo; al contrario, cada operación exige un esfuerzo económico creciente.
Una reacción urgente.
Así las cosas, Balears necesita afrontar esta realidad con una visión de largo recorrido. Incrementar la oferta de vivienda asequible, agilizar la gestión urbanística y favorecer un mercado más equilibrado ya no son opciones, sino una necesidad. Porque una comunidad donde trabajar no garantiza poder acceder a una vivienda corre el riesgo de comprometer su cohesión social y su modelo de futuro.