Empecemos por cuantificar la delincuencia

Casi todo el mundo estará de acuerdo en que el primer paso que ha de conducir a la resolución de un problema consiste en cuantificarlo. Obviamente, el segundo consistiría en cualificarlo, ya que sin la conjunción de ambos conocimientos, la magnitud de la cuestión y su exacta tipificación, difícilmente se llegará a resultados razonablemente satisfactorios. Y es por ello que hemos de expresar nuestra preocupación ante la sustancial «discordancia» -por emplear un término suave- existente entre los datos relativos a la delincuencia en nuestro país y su evolución hechos públicos esta semana, por distintas instancias. Las diferencias existentes entre las cifras facilitadas desde el Ministerio del Interior y, sin ir más lejos, las hecas públicas por la Fiscalía General del Estado, en lo concerniente al número de homicidios y asesinatos cometidos en España, son de una contundencia inquietante. Así, mientras el citado Ministerio establece que en 1999 se cometieron 1.102, la Fiscalía dice que fueron 1.979. Las cosas resultan aún más complicadas si hablamos en global de la cantidad de delitos y faltas en idéntico período, 1.842.517 para el Ministerio, y 4.072.028, a juicio de la Fiscalía. En fin no vamos a buscar más en la estadística para no fatigar al lector, pero está fuera de toda duda que aquí hay algo que marcha mal. Y no contribuyeron precisamente a mejorar las cosas esas explicaciones dadas por el ministro Mayor Oreja ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso; la insistencia del responsable de Interior en dejar claro que los resultados fiables eran los suyos -algo, por otra parte, muy lógico-, y que la cuestión estribaba en que las estadísticas judiciales recogen ciertas duplicidades, al anotarse un delito al llegar al juzgado de guardia y también posteriormente al remitirse al turno de reparto, no convencieron a nadie. O en el mejor de los casos, a quiénes estaban de antemano dispuestos a dejarse convencer. Porque una de dos, o bien ello es realmente así y existe una duplicidad que no comprendemos por qué no se corrige, o por el contrario ello no es del todo cierto y esa desorientadora contradanza de cifras se establece con ánimo de «amañar» las cosas en beneficio de un Ejecutivo que puede así ofrecer a la opinión pública datos más alentadores que certifican su eficacia en la lucha contra la delincuencia. Francamente, ninguna de las dos hipótesis nos parece particularmente estimulante.