Muchos ciudadanos, demasiados, tienen la extraña sensación de enfrentarse a un gigante descabezado cuando tienen que recurrir a asuntos de justicia. En nuestro país, y también en nuestras Islas por extensión, la Administración judicial es un estamento enorme y lento, como una tortuga vieja y gigantesca a la que le costara digerir los miles de casos que se le presentan cada año. Está claro que la Justicia española necesita una urgente modernización, una dotación de medios y de personal inmediata que nadie se anima a llevar a cabo. Así, el único perjudicado es el ciudadano, que teme perderse en los laberintos judiciales durante años, con el coste económico que eso supone, para resolver cualquier cuestión.
Las cifras que arroja la memoria judicial del año pasado en nuestro Archipiélago son sobrecogedoras. Una cantidad récord de asuntos llegó a los juzgados "123.000 nada menos, o sea, la friolera de diez mil cada mes", lo que evidentemente ha venido a empeorar de forma considerable el colapso que ya existía. Las soluciones son más difíciles que el diagnóstico, porque a la secular falta de espacio, de medios y de jueces, este año ha venido a sumarse un elemento más: la nueva ley de enjuiciamiento civil. Las decisiones deben tomarse en Madrid, en un ministerio que demuestra ser tan lento como el propio sistema judicial.
Pero no basta con más dotaciones de material. Hace falta también que los distintos responsables reflexionen seriamente acerca del rendimiento exigible a cualquier funcionario, sea un agente judicial, sea un magistrado. Las inspecciones del Consejo General del Poder Judicial han sancionado en no pocas ocasiones a jueces que apenas habían dictado sentencias a lo largo de un año. Hay que pedir, pues, que los órganos de control hagan su trabajo y se ponga orden en la maquinaria de la Justicia. Para solucionar el colapso en los juzgados y tribunales es primordial contar con el esfuerzo de sus profesionales. Como en cualquier lugar de trabajo.