La resolución emitida por el Tribunal Supremo que supone que el Ayuntamiento de Sant Antoni acabe afrontando la demolición de una de las mansiones más hermosas y exclusivas de Eivissa puede ser la situación más grave a la que se enfrente un Consistorio en la historia reciente de las Pitiüses. El hecho de que para su construcción Michel Cretu, el magnate rumano de la música sacro-electrónica del conocidísimo grupo Enigma, dispusiera de la preceptiva licencia municipal sitúa al ente local en una delicada situación. El perjudicado puede considerar que lo que está viviendo es consecuencia de una irregular tramitación de su expediente de la que el responsable es otro; en este caso, el ayuntamiento de Portmany. De ahí que en los últimos años este consistorio haya vivido muy pendiente de lo que sucedía en los tribunales tras la denuncia del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN) y vea cómo el asunto llega a su fin, para su desgracia con la Justicia rubricando la postura de que no era posible edificar en esta zona de Santa Agnès como se hizo. Por eso es necesario que tanto el equipo de gobierno como otras instituciones que puedan tener algún tipo de responsabilidad vayan preparándose para afrontar algo que va cogiendo mucha consistencia: que el propietario (Baloo Music es la empresa de Cretu) pida responsabilidades civiles y penales al considerarse perjudicado por un consistorio que le dijo que la vivienda podía hacerse sin que esto fuera cierto, lo que se podría traducir en una enorme suma de indemnización a la que teme no sólo el Ayuntamiento de Sant Antoni sino también otras instituciones que no pueden dejar que un municipio se desfonde económicamente por la (ir)responsabilidad de sus gobernantes. No es un tema sencillo y todo el mundo se prepara para lo peor; por lo recurrente de la lectura judicial sólo un milagro puede acabar salvando a Sant Antoni.
Editorial
Un ayuntamiento ante el abismo