a decisión de la Delegación del Gobierno en Balears de clausurar en cinco días el DC-10 por «tolerar» el consumo de drogas en su interior supone un importantísimo aviso a navegantes y un nuevo estímulo para el autocontrol del, tras el hotelero, sector turístico económicamente más productivo de la isla. La clausura, sin duda, tendrá un gran eco en medios informativos de media Europa y será considerada una nueva prueba de que este segmento está siendo ordenado y vigilado de cerca por las autoridades, que quieren acabar con esa idea de impunidad que consideran que la isla tiene en los mercados turísticos y que, evidentemente, no les gusta. De hecho, la regulación de horarios, todavía pendiente de una primera valoración, ya circuló ampliamente y tuvo mucha repercusión en aquellos países que envían más 'clubbers' a Eivissa, por lo que no es desabellado que pueda tener un efecto cuantitativo en el balance final de la temporada, aunque aún es pronto para asegurarlo. De todas formas, ¿será una medida aislada?, ¿será posible mantenerla? Desgraciadamente, si el sector hubiera demostrado una conducta más ordenada y si las administraciones anteriores hubieran demostrado una mayor previsión otro sería el panorama en el que nos estaríamos moviendo ahora, donde la tentación de un 'control total' adquiere más cuerpo que nunca, precisamente el espíritu contrario al que puso a estas islas como un mito en el anodino mapa turístico general. Por eso, pese a todo, es una decisión con efectos secundarios nocivos que las administraciones no deben ignorar por más que, como decíamos antes, los acontecimientos de los últimos años hayan generado los argumentos necesarios para esta drástica decisión.
El DC-10 afronta su anunciada clausura