El impuesto turístico o, como se conoce en Eivissa, la ecotasa, vuelve a ser una de las propuestas más polémicas de cara a las elecciones del próximo domingo. Para buena parte de los hoteleros y operadores turísticos, recuperar esta tarifa supondría una pérdida de competitividad, pero hay ocasiones en las que debe prevalecer el interés general y la defensa del patrimonio y el medio ambiente. Recientemente visité Roma, una ciudad que el año pasado dobló su impuesto turístico o Contributo di Soggiornoprecisamente para preservar su ingente patrimonio cultural y ofrecerlo en las mejores condiciones posibles a sus cientos de miles de visitantes.
Con la reforma, los turistas debemos pagar al final de nuestra estancia una cantidad diaria por pernoctación. En mi caso, nos alojamos en un apartamento turístico por el que abonamos 3,5 euros por persona y día. En los hoteles la tasa fluctúa entre 3 y 7 euros, según el número de estrellas. En Roma, están excluidos del pago de este impuesto los residentes, los niños hasta 10 años, las personas que acompañen a pacientes por motivos de salud, miembros de las fuerzas de seguridad italianas o los conductores de autobús y guías por cada grupo turístico de 23 personas. Otros destinos como Tailandia, Marruecos, Dubai, Cataluña o Berlín han implantado su particular ecotasa, sin que por ello se haya resentido el turismo. De hecho, mi viaje a Roma ha sido una completa locura por el aluvión de turistas que allí nos congregamos.
En mi caso, jamás supondría un handicap a la hora de elegir destino –y menos tratándose de ciudades como Roma, o en nuestro caso, Eivissa– el hecho de tener que abonar una tasa que, precisamente, será empleada para mejorar los servicios a los turistas, el mobiliario urbano y otros equipamientos. Como viajero, comprendo y acepto el impuesto.