El partido popular de Eivissa ha vuelto a ser duramente criticado por las formaciones políticas que enarbolan la bandera del ecologismo tras las valoraciones que realizamos la pasada semana sobre el decreto ley en materia de urbanismo aprobado por el Govern. Y, como siempre, lo hacen aferrándose a los estereotipos, a las generalidades, quedándose en la forma y no en el contenido. Aplican el ataque soberbio contra el PP, sin entrar a analizar el por qué, de forma reflexionada y argumentada, rechazamos la paralización que supone el Decreto Ley de Medidas urgentes en materia urbanística para la sociedad de nuestra isla.
Lamentablemente el tiempo empieza a darnos la razón y no sólo el tiempo, el propio Govern se rectificó el pasado viernes respecto de la chapuza que denunciamos en la Áreas de Protección de Riesgos y son muchas las voces, también dentro de los partidos gobernantes, que denuncian también que el decreto ley deja en el limbo legal multitud de hectáreas de suelo en nuestras islas. Deben ser to- dos especuladores y avariciosos…
Cuando nos referimos a que el ‘decretazo' va a afectar intensamente a los sectores productivos de Ibiza (el turístico, la construcción y el agrario) y a los trabajadores que dependen de ella, no estamos defendiendo que en aras a una economía boyante, se construya hasta el último monte de Ibiza. No lo hemos defendido jamás a pesar de los mantras que algunos repiten. Si algunos hicieran un esfuerzo por leer lo que proponemos, igual encontramos hasta puntos de acuerdo sin necesidad de asustarse.
Lo que estamos diciendo es que es perfectamente compatible tener zonas protegidas y no lastrar nuestros motores económicos y empleo. Y este es el problema: que hay quien lleva en sus genes, de forma equivocada, que para proteger simplemente hay que prohibir, y nosotros entendemos que para proteger además hay que regular, tocar la realidad del día a día y solucionar los problemas de la gente.
Y uno de los grandes problemas que tienen muchos propietarios de Ibiza y sobre el que estamos poniendo el acento es la legalización extraordinaria de construcciones viejas a la que el anterior Govern dio solución y que ahora, con este Decreto Ley, se dinamita las esperanzas de cientos de familias de la isla que podían dar solución a un grave problema.
Las legalizaciones extraordinarias tenían un impacto cero sobre el territorio, repito cero, y permitían a los ciudadanos incorporar a la legalidad una casa que tenía alguna parte ilegal y que, por ser vieja, la ley prohíbe a los Ayuntamientos que la puedan derribar. Todo ello pagando una multa que ya no se podría haber cobrado de otra manera, y sus tributos, que debían ir destinados a política verde y adquisición de vivienda de protección oficial. Con esta recaudación de los Ayuntamientos teníamos asegurados varios millones de euros en cada municipio, una verdadera ‘ecotasa' invertida por cada Ayuntamiento en su pueblo y no recaudada por Mallorca y “ya hablaremos de dónde lo invertimos”. Es decir, son los que destruyen el territorio con infracción de la legalidad los que reponen el daño con un dinero que necesariamente debe destinarse a políticas verdes y de protección de enclaves municipales, así como, al patrimonio municipal del Suelo para hacer políticas que permitan abaratar el acceso a la vivienda.
Pero es que aún había más ventajas con estas legalizaciones extraordinarias: al haber aflorado a la legalidad, dichas construcciones ya podían ser objeto de reformas y rehabilitaciones, porque a pesar de lo que dijo el Conseller de Territori, Joan Boned, mostrando un absoluto desconocimiento de su área y una falta de contacto con la gente que vive en estas casas, las construcciones que no han pasado por este procedimiento, paralizado ahora por el decreto ley, ya no puede hacer ningún tipo de obra. Tal cual lo dice la ley.
Tengo la suerte de ser concejal de urbanismo en mi municipio y toco muy de cerca los problemas que las personas tienen: una señora quería redistribuir el interior de su casa en el campo porque estaba embarazada y necesitaba una habitación más. La casa, construida por sus ascendientes, no tenía papeles. ¿A usted le parece normal que le tenga que explicar a esta señora que, para los políticos, su casa no existe y no puede hacer nada en ella? ¿Usted se cree de verdad que esta mujer se va a ir de su casa y esa casa va a desaparecer de la realidad? Como dijimos: con este decreto ley no se aportan soluciones a los problemas reales y se fomenta la ilegalidad y la inseguridad.
El urbanismo no se hace desde un despacho y aprobando decretos que sólo sirven para acallar conciencias: se hace hablando con la gente y entendiendo sus problemas. Se hace con consenso, no de manera arbitraria, dejando limbos legales y generando incertidumbre entre ciudadanos que, ahora, sienten que no tienen derecho de arreglar o acondicionar su vivienda.
Con este decreto ley, a todas luces improvisado, los que lo han dirigido y que se llenan la boca diciendo que todos los ciudadanos tienen que tener los mismo derechos, son los mismo que ahora están dejando a numerosas familias sin el derecho a acondicionar su casa y solucionar la situación legal de su patrimonio. Les doy un consejo: dejen de hacer políticas a golpe de twit y hablen con los propietarios a los que ahora niegan la posibilidad de legalizar sus viviendas. Tienen mucho que decir.