El Ayuntamiento de Vila se enfrenta a un reto que se antoja mucho más difícil que el desalojo de las más de 20 viviendas del barrio de Sa Penya: impedir que vuelvan a ser ilegalmente ocupadas. Tras la exitosa gestión del desalojo, precedida por una ingente tarea de procurar soluciones individualizadas a cada familia, según sus posibilidades y sus necesidades, desde un enfoque estrictamente profesional por parte de los servicios sociales del consistorio, la dificultad estriba en impedir que las viviendas expropiadas por el Ayuntamiento que forman la UA-27 acaben siendo habitadas de nuevo. El alcalde Ruiz y sus concejales son conscientes de este peligro y parecen determinados a conjurarlo.
En otros lugares donde ha habido una problemática similar, la solución definitiva consistía en tan pronto como se desocupaba la vivienda, pasar la excavadora por encima y reducirla a escombros. Pero Sa Penya es diferente y no se puede demoler, ya que hay que respetar la fisionomía arquitectónica, urbanística y patrimonial del barrio. Esto obliga a un esfuerzo mayor por parte de la administración local, fundamentalmente en materia de vigilancia policial para prevenir las entradas en la finca, algo que como se ha visto no impedirán únicamente los bloques de obra ni el cemento, por más inhabitables que en teoría hayan quedado.
Conviene acelerar al máximo los trámites para que comiencen las obras de rehabilitación de la manzana y ya que hay plazos legales que respetar, mientras eso suceda, extremar la vigilancia y no relajarla. No sería mala cosa que la Policía Local contemplase recurrir a la videovigilancia para disuadir a los ‘okupas'. Al fin y al cabo se trata también de un conflicto territorial en el que el Ayuntamiento debe dejar claro que Sa Penya es de todos, no solo de unos pocos que creen poder vivir al margen de la Ley, y que el interés general está por encima de todo.