Si amparados en el nombre de una universidad española, cualquiera llevase a cabo una encuesta en la que se preguntara la posición política a menores (chicas y chicos de 14 años) y sus respuestas se adjuntasen a documentos donde constan la identidad de los encuestados, está claro que sería sancionado por transgredir, de manera evidente, la Ley de Protección de Datos. Pero si este delito se comete en Cataluña, y se denuncia, no pasa absolutamente nada, el consejero dice que no hay denuncias y que el asalto a la intimidad de los menores fue un error. Más aún, se anuncia a bombo y platillo que la encuesta se ha suspendido, cuando no es cierto, y sigue realizándose. ¿Por qué le llaman amor o encuestas, si quieren decir sexo y control totalitario? Eso sí, la pregunta es si el adolescente es o no independentista. Demasiada cortesía. Tal como está el panorama, creo que a la vista de la impunidad de que gozan en ese territorio quienes quebrantan las leyes, la pregunta debería formalizarse así: «¿Estás de acuerdo con las valientes acciones llevadas a cabo por quienes persiguen la Independencia de Cataluña o con la de los miedosos y cobardes que intentan retrasarla?». Eso es una pregunta que la entiende hasta un niño de 14 años.
Si un concejal del PP es imputado en un caso de corrupción, deberá dimitir inmediatamente de su cargo, antes de que se celebre el juicio y haya sentencia, porque hemos cambiado la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Pero si la Junta Electoral Central, y el Tribunal Supremo, a la vista de un delito probado, declaran inhabilitado al presidente de la Generalitat, éste desobedece y, como premio, será recibido por el presidente del Gobierno. A esto yo lo llamaría vergonzosa discriminación, pero claro, soy un contribuyente español, que paga los impuestos en Madrid, y no soy presidente del Gobierno, gracias a la abstención de los amigos de los delincuentes. Lo entiendo. Entiendo lo que es una vergonzosa discriminación.