Semana especialmente prolífica a la hora de inyectar moral a la tropa. No sé si tanta como para que el objetivo de Ocio Ibiza se cumpla. «Nuestra idea es abrir en 2021», aseguró José Luis Benítez en el BNP de TEF el miércoles. La vacuna de Pfizer, los PCR en origen a los visitantes que entren en España, el vaticinio de Francina Armengol de que la medida se acabará extendiendo a los nacionales y finalmente la llegada del punto de inflexión de la curva de contagios después de dos meses de restricciones en Ibiza son, sin duda, motivo suficiente para ver la vida de otra manera, que no es poco.
Cuando uno está sediento casi cualquier líquido es bienvenido. No cabe lanzar las campanas al vuelo, pero tampoco desdeñar la hipótesis de que, tras unos próximos meses muy complicados, probablemente una Navidad de mierda, la situación empezará a mejorar dentro del primer trimestre de 2021 y especialmente en el segundo, que seguro que habrá turismo seguro y veremos si hasta podemos disfrutar de aglomeraciones en discotecas.
El mundo cuenta las horas que faltan para volver a la cierta normalidad vaticinada, gracias al desarrollo de las vacunas, para mediados del año que viene. La anunciada efectividad de la desarrollada por Pfizer ha desatado la euforia colectiva, a pesar de los interrogantes que aún genera entre la comunidad médica, consecuencia de la avidez de esperanza en estos tiempos de zozobra.
Capitalismo. El caso Pfizer ha servido también para poner el foco, una vez más, sobre la burocracia y la efectividad de las subvenciones. La mala malísima compañía con millonarios beneficios, una de las pérfidas grandes farmacéuticas del mundo, conocida por haber mejorado la vida sexual de medio planeta con la Viagra, rechazó las ayudas del gobierno de Estados Unidos por la burocracia con la que llega ( «cadenas» en palabras de su CEO) y aseguró haberse gastado 2.000 millones de dólares del bolsillo de sus accionistas para desarrollar un medicamento que nos liberará del secuestro que nos ha supuesto el coronavirus. El presupuesto de Baleares para el año que viene es de 5.881,5 millones.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tiene la cara de cemento armado. Sigue atreviéndose a dar lecciones de moral, a pesar de haber tenido contratado sin asegurar a su asistente personal, pagándole obviamente con dinero negro, motivo más que suficiente para que se fuera a su casita y siguiera ejerciendo como científico del CSIC.
El lunes, el día que Pzifer anunció la efectividad del 90% de su vacuna, Echenique calificó la noticia de «esperanzadora» y sin venir a cuento, o sí, malmetió al asegurar que «cuando hayamos vencido al virus, no olvidemos que nos salvó la responsabilidad individual, la sanidad pública y universal y la ciencia… mientras la (ultra)derecha pedía privilegios fiscales, recortes y libertad para contagiar», sin especificar a quién se refería, qué es un privilegio fiscal (¿ahorrarte el 31% que debe pagar un contratador por la seguridad social de un trabajador?), quién ha sacado la tijera y quién ha pedido libertad para contagiar.
Obviamente, el mensaje iba encaminado a alimentar el conflicto entre lo público y lo privado, lo bueno y lo malo, lo cool y lo retrógrado, lo solidario y lo infame y a que la evidencia desmonte uno de sus argumentos estrella para mantenernos entretenidos mientras desmontan el país.
No sé por qué razón, determinadas personas tienen la mente estructurada en solo dos bloques graníticos y no son capaces de ver las virtudes y las miserias que normalmente hay en todos los ámbitos. No todo es blanco, ni negro.
A pesar de que no guste a los comunistas, el desarrollo de la vacuna de Pfizer es una muestra más de las muchas bondades del capitalismo.
Una empresa a riesgo y ventura toma la decisión de rechazar ayudas públicas e invertir una millonada para, a través de resolver un problema a sus clientes, devolverle el dinero que le han prestado sus accionistas con intereses, que para eso se lo prestado aun a riesgo de perderlo.
Detrás de ese desarrollo impecable, hay, no obstante, dinero público a mansalva en un ejercicio de cooperación público privada tácito que se ha producido desde hace 30 años.
A la vacuna, del tipo mRNA, se ha llegado después de investigaciones y descubrimientos anteriores de numerosos centros públicos y privados de todo tipo (centros de desarrollo científico, universidades públicas y privadas, spin offs, fundaciones privadas) que, como es lógico, han recibido inyecciones a riesgo de capital público, becas y demás instrumentos. Muchos de esos fondos acaban sin resultados.
Plantear los análisis desde una perspectiva maniquea no ayuda. La vacuna de Pfizer no hubiera llegado a darnos una alegría preventiva sin inversión pública en investigación y desarrollo, ni tampoco sin una inyección de dinero privado a riesgo, dinero que se ha obtenido gracias a beneficios anteriores. Ambas líneas de trabajo son necesarias y complementarias.
Esta semana ha habido un debate en el Parlament balear sobre las políticas, es un decir, de fomento de la investigación y atracción de empresas tecnológicas a Baleares. El portavoz de los independentistas de Més per Menorca, Josep Castells, se interesó por los planes del Govern para que las islas sean una plataforma atractiva para los nómadas digitales, tal como ha hecho Canarias, cuyo gobierno ha anunciado un plan dotado con 500.000 euros para ello.
La respuesta de Armengol es otro ejemplo de lo que acabo de explicar. Vino a decir que no queremos nómadas digitales porque preferimos que se instalen empresas que pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo aquí, generando una dicotomía artificial.
Nómadas digitales sí, empresas tecnológicas también. Inversión pública en investigación sí, privada también. Educación pública, sí, concertada y privada, también. Sanidad pública sí, privada y concertada, también.
El prestigioso economista sueco Johan Norberg lo resumió esta semana mucho mejor que yo: «¿Cómo empezó? La covid 19 es el fin de la globalización y el neoliberalismo. ¿Cómo va? La vacuna ha sido creada en tiempo récord por una gran farmacéutica que declinó subsidios públicos, basándose en una tecnología creada por una empresa alemana, fundada y dirigida por un inmigrante turco».
Un paso importante. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se vio entre la espada y la pared durante el Consejo Interterritorial de Sanidad de esta semana y acabó anunciando que España reclamará PCR a los visitantes que entren en el país. Esta noticia no tiene efectos inmediatos porque tenemos las fronteras cerradas de facto.
Pero la tendrá, especialmente mientras las vacunas no cumplan sus vaticinios y/o no tengamos mejor mecanismo de control.
Francina Armengol dice ahora que ella siempre los pidió, ya saben ustedes que estamos a la vanguardia de todo y que somos los campeones en la lucha contra el covid-19. Sin ser falso, la realidad es que el Govern ha tenido hasta hace unas semanas un perfil bajo en este asunto durante muchos meses para no incomodar a Pedro Sánchez. Nada que ver con la beligerancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto que Armengol eliminó sin rechistar que los turistas del plan piloto fueran sometidos a una PCR al llegar por petición expresa de Madrid.
Hoy en día es necesario vacunarse de Fiebre amarilla, Hepatitis A, Tétanos-difteria, Poliomielitis, Meningocócica, Cólera, Fiebre tifoidea, Hepatitis B, Rabia, Gripe, Neumocócica, Triple Vírica para viajar a determinados países del mundo.
El turista de los próximos meses, quizá de los próximos años, se tendrá que acostumbrar a que, si vive en una zona con altos niveles de contagio, se tendrá que hacer una PCR antes de viajar. Y los destinos, a vender un producto que se ha encarecido, y a una medida que desincentiva los viajes relámpago.
Los que vengan, sabrán que aquí el riesgo de contagio es bajo porque todos los demás llegan con una PCR negativa y los que vivimos aquí, que no volverá a pasar como este verano cuando el virus fue reintroducido por la falta de control.
Ahora el agua. En circunstancias normales, la noticia de la semana habría sido que el Consell d'Eivissa (PP, Cs) ha logrado consensuar con el Ayuntamiento de Ibiza (PSOE, UP) y tres asociaciones ecologistas una hoja de ruta para la transición energética, con permiso de la rebaja de la tasa de basuras en 4,5 millones de euros anunciada por Vicent Marí.
Ibiza y Mallorca entraron sin querer en el grupo de 26 islas de la Unión Europea que forman parte del programa Clean Energy for UE Islands. El PSOE de Menorca, a través del Consell Insular, se lo trabajó desde mediados de 2018 con el objetivo de que la implantación masiva de energías renovables fuera su bandera electoral en mayo de 2019. Gracias al Ministerio de Transición Ecológica y el Govern balear arrancó el compromiso de la UE de ser una de pocas islas elegidas para un supuesto plan piloto que en realidad no es tal porque la esencia es fomentar los parques solares. El Govern coló a última hora a Ibiza y Mallorca y el puñado de islas finalmente se amplió.
Merecen una felicitación el conseller de Presidencia y Medio Ambiente, Vicent Roig, y todos los que han participado en el trabajo por haber diseñado una hoja de ruta moderada y sensata, que preserva y protege el paisaje frente a fantasiosas ideas sobre lograr la autosuficiencia en energía renovable producida aquí a costa de tapar las islas de placas solares y de convertir en suelo rústico en suelo industrial por la puerta de atrás.
El primer paso está dado. Ahora quedan muchas etapas que cubrir para lograr el objetivo.
Propongo humildemente que este ejercicio se haga con el ciclo del agua que, al contrario de la energía, es un bien finito y que no se puede importar. Un plan para que la isla fuera un ejemplo mundial en la gestión integral del ciclo del agua merece un esfuerzo de colaboración y consenso por razones medioambientales, económicas y de imagen tan obvias que huelga decirlas.